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Quince años después, algunos de los personajes de los llamados videoescándalos, episodio que cimbró las filas de la izquierda mexicana, volvieron a coincidir, ahora como parte de la cruzada anticorrupción del gobierno federal, misma que ha llevado a prisión, por distintos motivos, a algunos involucrados en aquel caso.
En marzo de 2004, esas grabaciones fueron el golpe político más fuerte contra la administración del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador. Por diferentes procesos, hoy tres de los responsables de la grabación y difusión de esas cintas son quienes enfrentan a la justicia, pero acusados de otro tipo de ilícitos: Carlos Ahumada, Rosario Robles y Juan Collado.
Sin embargo, ellos no fueron los únicos protagonistas relacionados con aquellos hechos, en los que se reconoció que el objetivo fue frenar, en aquel entonces, las aspiraciones presidenciales del entonces jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, quien era visto en varias encuestas como el mejor posicionado para ganar las elecciones federales de 2006.
Entonces, aparecieron nombres como el del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos —quienes fueron señalados por el propio López Obrador, hoy titular del Ejecutivo federal— señalados de ser los artífices del “complot”.
Ven posible venganza. Expertos consideran que las recientes detenciones parecen un acto de venganza, producto de los videoescándalos que afectaron la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.
José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opinó que las detenciones son necesarias para combatir la corrupción, pero en los casos recientes como el de Rosario Robles y Carlos Ahumada parecieran venganza y con ello se estaría cayendo en el antiguo esquema priista.
“Si [los arrestos] quedan sólo en casos aislados, que además casualmente son gente que tiene cuentas pendientes con López Obrador, va a ser el mismo esquema que veíamos en los años del PRI”, afirmó.
Para José Santillán, profesor del Tecnológico de Monterrey, las detenciones hacen parecer que se trata de una venganza política, ya que el único nexo que tienen los imputados son los videos de 2004.
Además, dijo que en el caso Robles llama más la atención que el juez que le dictó prisión preventiva sea sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, y que sólo con las acciones futuras se sabrá si en realidad se trata de una venganza.
Víctor Alarcón, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que las detenciones han sido resultado de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a la urgencia que tenía el país de combatir casos de corrupción y que el gobierno anterior trató de ocultar. Indicó que el caso de Ahumada es una denuncia por evasión fiscal.
Señaló que lo que le debe preocupar al gobierno es no aplicar una justicia selectiva o a modo, en la que sólo “el que se descuida” es implicado por un delito en el que participaron muchas personas.
