Los ministros de la(SCJN) deben elegirse por votación popular, porque tienen en sus manos las últimas decisiones relacionadas para que las leyes entren en vigor o queden paralizadas o suspendidas, considera Lauro Sol Orea, especialista en justicia federal, juicios de amparo e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

“Efectivamente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen que ser electos democráticamente, no es mucha complicación en una elección federal que puede presidir el Instituto Nacional Electoral (INE), obviamente, no es una situación donde los partidos políticos puedan proponer a candidatos”, asevera el especialista en Derecho laboral en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señala que así como en una, tiene que existir una preselección de juristas, abogados especializados y con experiencia en la judicatura, pero se deben elegir entre un grupo, por ejemplo, cada espacio para ministro por lo menos debe tener 10 candidatos previamente seleccionados, que pasen un filtro de conocimientos, antecedentes y que el pueblo los elija.

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El abogado subraya que los ministros tienen que someterse a un escrutinio de la sociedad, no puede ser un poder absoluto que se considere por encima de los otros dos poderes de la Federación, eso permite que se perviertan, corrompan porque el ser humano es ambicioso.

Abunda que los ministros ganan una fuerte cantidad (más de 200 mil pesos al mes) e insiste en que es injusto en un país pobre como México.

“Pero su ambición política, económica, en muchos casos se desboca, entonces han llegado al punto de querer pasar por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo… Esto está ocurriendo y existe el riesgo que se ha presentado en otros países, que el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte, llega a desconocer al presidente.

“Es como un golpe de Estado blando… con una presidenta de la Corte como Norma Lucía Piña Hernández que es bastante autoritaria, no hay que descartar ese riesgo, por lo tanto, hay que ponerles un freno constitucional y democratizar el poder, es el único poder autocrático que actúa con absolutismo, hace falta democratizarlo”, enfatiza el litigante.

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Cuestionado sobre reducir el número de ministros, lo califica como intrascendente, “que existan 11 o nueve ministros como se pretende verdaderamente es peccata minuta, hay que recordar que, en 1994, el entonces presidente Ernesto Zedillo suprimió a los 26 ministros, a todos los mandó a su casa y dejó a 11, fue un cambio en la numeraria”.

Indica que la propuesta de 11 a nueve ministros no tiene importancia; en el caso de la duración del cargo el litigante expresa que es conveniente reducirla porque no es justo el periodo de 15 años y que después cuenten con una pensión vitalicia.

Sol Orea expone que es conveniente reducir el cargo a seis años y que al concluir cuenten con pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Todos los mexicanos que trabajamos alguna vez para el gobierno o en el Consejo de la Judicatura Federal [CJF]… tenemos derecho a una pensión del ISSSTE, es democrático, todos tenemos derecho a las mismas prestaciones no deben existir privilegios en esa desproporción”, argumenta.

El abogado comenta que esta discusión ya tiene tiempo, no está decidida en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, hay posiciones encontradas, se deben reunir y discutir para ver si llegan a un consenso, cosa que no es fácil.

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Advierte que está en contra que se elija por votación a los magistrados y jueces federales, que en total son más de mil 600, porque es un trabajo muy especializado.

Sol Orea explica que “los abogados que son jueces federales y los abogados que son magistrados requieren de una gran carrera judicial, muchos años de preparación y experiencia, no puede ser que democráticamente se elijan, aunque se haga una preselección.

“Es preferible que haya una carrera judicial que vaya decantando a los más capaces, perseverantes, porque no actúan solos los magistrados y jueces, tienen todo un foro judicial de muchos abogados que acuden ahí y que pueden denunciarlos en caso de desviarse en su trabajo… por decirlo así, se va dando un proceso de selección natural en la judicatura”, expresa.

Precisa que en caso de politizarse o llevarlo al terreno de elegirlos democráticamente, se va a perder la calidad de esos funcionarios judiciales.

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