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El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados , Juan Carlos Romero Hicks, descartó que el problema de los femincidios o la violencia contra las mujeres sea un asunto de etiquetas ideológicas o un conflicto entre conservadores e izquierda.
Por el contrario, el panista llamó a combatir la impunidad, aplicar políticas públicas, rediseñar instituciones y ayudar a que los mexicanos superen la pobreza para atacar el problema; “esta realidad no cambiará mientras desde el púlpito de las mañaneras se sigan esgrimiendo argumentos falsos y armando escenarios irreales”, advirtió.
Es, dijo, momento de escuchar, atender las voces “y detener de una vez por todas la cadena de errores, la indolencia presidencial y la falta de solidaridad con estas causas”.
Para el legislador del PAN el problema de la violencia contra las mujeres “no se trata de etiquetas ideológicas y políticas, tampoco de señalar a los neoliberales de este país, se requieren políticas públicas, federales, estatales y municipales; nuevas leyes que permitan actuar con oportunidad en rediseños institucionales y mayor presupuesto federal”.
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Por eso informó que la bancada del PAN volvió a presentar una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio, misma que ya había presentado pero cuyo plazo de dictaminación ya venció, por lo que la propuesta quedó precluida.
Al presentarla de nuevo se busca expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de feminicidio, violencia de género, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad, trata de personas, tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, así como los de carácter electoral.
Romero señaló a la impunidad como uno de los motivos por lo cuales una persona cree que puede seguir matando o violentando mujeres sin castigo y “cerca del 60% de los casos quedan impunes”.
Es por esa impunidad “que el ambiente de crispación social que hoy vive México va en aumento”, y por eso justificó la indignación de organizaciones sociales que acusan deficiencias en las investigaciones.
