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Cuando al final pase la contingencia de salud, el estado de alarma baje y se despeje el vaho malsano que recorre al país como neblina incontenible, los problemas en la sierra de Guerrero seguirán intactos. Quizá con menos gente, no tanto por la pandemia como por la violencia generada por los dos grupos delincuenciales: Los Tlacos y el cártel del Sur, que se disputan el control de al menos mil comunidades y un millón de hectáreas de bosques y tierras fértiles para cultivar amapola y mariguana. Y también los casi 10 millones de pesos anuales del cobro de cuota a los 600 mineros de la mina de Carrizalillo, según las denuncias de estos.
De marzo a junio de este año han ocurrido al menos un centenar de asesinatos en Chichihualco (Leonardo Bravo) y se ha desplazado, según el Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, a unos 300 pobladores producto de los enfrentamientos en seis comunidades de este municipio y una de Chilpancingo entre integrantes del cártel del Sur con la autodefensa de Tlacotepec, nacida en noviembre de 2018 bajo la coordinación de Salvador Alanís Trujillo, y auspiciada, según lo ha reconocido él mismo, por un barón apodado Necho, señalado por los del Sur como cabecilla de Los Tlacos.
Los caminos que conducen a los pueblos de la sierra, recorridos a mediados de febrero pasado por El Universal, están en medio de bosques de neblina que huelen a pino, aunque también hay vías yermas. De Chichihualco a Izotepec, pasando por Iyotla, Tepozonalco un par de kilómetros al lado, y Yextla, se tiende un camino sembrado de cruces y es donde han ocurrido los últimos tiroteos de mayo entre ambas bandas. Una Santa Muerte dispuesta entre las raíces de un gran árbol a la vera de la vía es venerada con veladoras de todos los tamaños.
—Siempre están encendidas —dice quien conduce el vehículo, aunque, luego, mejor calla.
—En el primer grupo venía Ejército y policía; en el segundo venía la autodefensa de Alanís y en tercero venían los sicarios. Hombres bien armados con Cuernos de Chivo; muchos vestidos de militar. Ellos fueron los que hicieron las matazones —platica con aspavientos un desplazado que ahora vive en Chichihualco. Un hombre viejo al que se le nota la pobreza en sus huaraches y su sombrero roído.
Al menos una decena de viviendas están tan baleadas que parecen obra negra. Foto: DAVID ESPINO. EL UNIVERSAL
Se refiere a la primera incursión que hizo la autodefensa llamada Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo el 11 de noviembre de 2018 a Filo de Caballos, municipio de Chichihualco, a unas tres horas de la capital de Guerrero, donde hubo al menos 14 hombres muertos. De acuerdo con el Centro Morelos, en aquel primer momento salieron de sus pueblos unos mil 800 habitantes aunque de esos sólo quedan 135 refugiados en la cabecera de Chichihualco. “La mayoría se fue a otros lados: Morelos, Acapulco, Estado de México, Chilpancingo y otras familias pidieron asilo en Estados Unidos”, dice Teodomira Rosales Sierra abogada de la organización.
Desde hace año y medio no les queda más que relamerse las heridas de sus historias atroces y enterarse por Facebook de lo que pasa en sus pueblos y casi todo tienen que ver con nuevos enfrentamientos nuevos muertos y más desplazados. Como en el último caso, dice Rosales, ocurrido apenas la última semana de mayo —en la más activa virulencia del Covid-19— donde hubo al menos una docena de muertos y otras 300 personas salieron de sus pueblos aunque, dice la abogada, no requirieron la asesoría del Centro Morelos.
—¿Dónde están?
—Supimos que muchos regresaron a sus comunidades, otros, los menos, se refugiaron en Chichihualco y otros en Chilpancingo.
Los Desplazados
En Filo de Caballos, de donde es la mayoría de los desplazados, la escena es de guerra. Al menos una decena de viviendas están tan baleadas que parecen en obra negra y en su interior los utensilios tirados la ropa desparramada los discos pisoteados y las fotografías familiares ladeadas en paredes agujereadas por las balas de los Cuernos y los Barrets, semejan las ruinas dejadas por un terremoto. Como si los moradores hubieran escapado de aquella calamidad y se hayan largado con apenas lo que pudieron agarrar en su urgencia por huir.
Acá, Salvador Alanís dice lo contrario. Entrevistado a mediados de febrero en este pueblo de la sierra, dice que no hay desplazados y los que se fueron era porque tenían parentesco o trabajaban para el cártel del Sur. Decir trabajaban es decir que le vendían la goma de opio que producían y la mariguana que cosechaban. La sierra cubre al menos un millón 500 mil hectáreas —900 mil de las cuales son de bosque y selva baja, y la surcan 23 ríos— donde viven unos 150 mil habitantes de mil 287 comunidades, y atraviesa 14 de los 81 municipios, según el proyecto de decreto para crear la octava región del estado durante el gobierno de Rogelio Ortega Martínez.
Por estos caminos está La Curva, un caserío fantasma a casi tres mil metros de altura en la sierra de Chilpancingo, arriba de Jaleaca. Lo rodean vastos bosques de pinos y ocotales y el rumor de un río se oye a lo lejos, en las faldas de los cerros. El agua que acá se bebe es agua fría y sabe a árboles, y es el territorio de un barón apodado El Jaleaco. En los patios traseros de las viviendas la maleza le ha ganado a la madera y se la ha tragado; los alcatraces crecen silvestres junto a los lavaderos y letrinas en ruinas; los techos están tumbados y de los corredores de pretiles y horcones de lo que antes fue un caserío próspero hoy sólo quedan escombros.
Sólo un par de casas de la entrada, cuyos moradores asoman tímidos por las puertas entornadas, están habitadas por quienes regresaron una vez que se recuperó el poblado en medio de balas y muertos. La carretera por la que llega está sembrada de cruces y perdida entre grandes tramos de terracería y retazos de chapopote. Nadie llega hasta acá si no sabe por dónde, nadie llega hasta acá si no tiene el debido permiso. Cercanas, a un par kilómetros, las colinas más bajas se pintan por el rojo color de la amapola. La flor que al año produce 19 mil 500 toneladas de goma de opio sólo en las 26 mil hectáreas de la sierra de Chilpancingo, Chichihualco y Tlacotepec reconocidas por la Sedena.
Esto lo ha explicado muy bien Rigoberto Acosta González, sierreño, dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero y exsecretario de Desarrollo Rural en el año del gobierno interno de Ortega Martínez. “Si por cada hectárea de esas 26 mil se cultivan 750 gramos de goma, mínimo, ni el kilo siquiera, para ser moderados —ha dicho—, la suma nos indica que salen 19 mil 500 toneladas al año, sólo en esta parte de la sierra”. Y luego hay que multiplicarlo por el costo actual de la goma, que según campesinos de la zona, ahora por la pandemia y el cierre de la fronteras entre países, subió hasta en 10 mil pesos el kilo. Se trata de un negocio de 195 millones de pesos anuales, nomás de goma natural, sin ningún proceso todavía.
Sólo que los desplazados de Chichihualco viven apenas con los siete mil pesos mensuales que les da el gobierno federal mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a cada familia, porque el gobierno del estado ha dejado de dar su parte, dice la abogada del Centro Morelos; y refutan lo que dice Alanís de ellos. En una asamblea para redefinir qué iban a hacer, celebrada a mediados de febrero en una casa rentada, dicen que al contrario: es Salvador Alanís quien trabaja para Los Tlacos de Onésimo Marquina Chapa, Necho.
Las minas de oro
—Es la mina. El pleito que traen los de arriba (Los Tlacos) es por las minas de oro —dice uno de los barones del cártel del Sur, y también acusa a la comunitaria de Tlacotepec de estar al servicio de Necho.
—¿Ellos dicen que ustedes son los narcos y que por eso los combaten?
—Entonces ellos qué son, por qué traen armas de grueso calibre, rifles de asalto, Cuernos; una policía comunitaria no carga ese armamento.
Como quiera que sea, Equinox Gold la empresa canadiense que administra la mina Los Filos-El Bermejal, en Zumpango, produjo en 2019, según cifras oficiales, 200 mil 856 onzas de oro cuyo precio por onza oscila los 39 mil 5 pesos; es decir, que al año Equinox Gold extrae 7 mil 834 millones 536 mil 913 pesos en oro, y aún tienen reservas por 1.4 millones de onzas y 7.8 millones de onzas de plata, de acuerdo con información de la empresa de quien se buscó una postura al respecto sin tener resultados. La minera paga costos de producción y renta de las tierras a los ejidatarios; paga a los ingenieros y a los mineros. Son estos últimos, 600 mineros, los que le interesa al narco.
Ellos representan casi 10 millones de pesos al año. Cada junio, pasando el Día del Trabajo, la minera hace el reparto de utilidades; a cada uno de los 600 mineros les entrega 160 mil pesos; es decir, reparte 96 millones de pesos entre sus trabajadores por esa prestación, y 10 por ciento se lo quedan Los Tlacos, por derecho de piso y seguridad para trabajar en su zona, que es la zona donde opera la minera, porque los narcos fueron primero, luego llegó la trasnacional. 9 millones 600 mil pesos es lo que representa otra parte de los enfrentamientos entre Los Tlacos y el cártel del Sur.
La baza que tienen los primeros es que los mineros reconocen al barón de Tlacotepec como usufructuario de esta cuota y hasta han ido a negociar con él mero la cantidad —según el testimonio de un trabajador que pidió el anonimato— porque 16 mil pesos se les hacía excesivo. El barón desde luego, no aceptó bajar a 10 mil pesos el impuesto que estaban resignados a pagar y los regresó con la amenaza que si dejaban de hacerlo, no se hacía responsable de la seguridad de sus bienes ni de sus familias.
La base de operaciones de la autodefensa de Heliodoro Castillo está en Filo de Caballos. Al llegar al pueblo, un pueblo más bien solo —no por completo abandonado, sino solo— salta a la vista la comandancia general de la autodefensa. Un edificio vacío, sólo con una mesa de billar dispuesta a un costado de las oficinas principales para que los muchachos jueguen, con perforaciones por todos lados, cristales rotos y en la azotea hombres vigilando a todo el que entra por las dos entradas posibles.
Acá, Salvador Alanís, líder de la policía comunitaria de Heliodoro Castillo, responde algunas preguntas. Dice que su autodefensa tienen un cuerpo de élite bien equipado y entrenado, dice que sólo para mantener a 10 de estos muchachos hacen falta 800 mil pesos, y dice que no tienen 10. “Hablemos de 100, son ocho millones de pesos”.
—Y la manutención, comida, compensaciones —se le pregunta.
—En eso se gastan 700 mil pesos quincenales (un millón 400 mil al mes; 16 millones 800 mil pesos anuales).
—¿Y quién los paga?
—Empresarios de la zona. Son aportaciones de empresarios grandes, que tienen su ganado, que tienen sus empresas grandes en todo Heliodoro Castillo.
En ese momento, durante la entrevista de febrero pasado, no dijo que el mayor inversor es Onésimo Marquina Chapa, Necho. Lo dirá después en una entrevista a El Sur.
—¿Qué respondes del señalamiento de que ustedes también están protegidos por algunos grupos delictivos? —le preguntó el reportero.
—Nosotros no pertenecemos a ningún grupo, ni local, ni nacional. No recibimos apoyo de ningún cártel ni de ningún grupo. No obtenemos dinero de manera ilícita como robos, extorsiones.
—¿Por qué se les vincula, entonces, con Onésimo Marquina, Necho, de Tlacotepec?
—Necho ha sido una persona importante en Tlacotepec porque es uno de los que tiene más dinero en Heliodoro Castillo, y él aporta (también) para las policías comunitarias.
Desde arriba de su comandancia se ve gran parte de la carretera que viene de Xochipala, Zumpango y también parte de la vía que lleva a Jaleaca, Chilpancingo, y que atraviesa Chichihualco hasta Cruz de Ocote, un lugar remontado a unos tres mil metros de altura, en la mera sierra de Guerrero, a unas seis horas de la capital en cuyo camino se encuentran abandonados, devorados por la maleza, los estanques de tilapias que alguna vez el gobierno quiso echar a andar para diversificar la economía de la zona y no sólo depender de la goma; pero están tan medio de la nada que da la sensación que son ruinas de tiempos remotos.
