De aprobarse el llamado plan B de la reforma electoral en sus términos, estaría en riesgo el proceso electoral federal de 2024, porque fueron modificaciones realizadas con “dinamita y a machete” por una mayoría, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que los cambios en materia electoral son inconstitucionales, por lo que anticipa que la reforma electoral terminará por definirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, lamentó que se regresen a las épocas en las que se hace lo que diga el Presidente, luego de que “regañó” a los diputados por introducir cambios sin su conocimiento. Al terminar su periodo como consejero el 4 de abril de 2023, afirma, regresará a la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En tanto, Córdova sostiene que continuará con la defensa del INE ante irresponsabilidades como la del Poder Legislativo.
Leer también: AMLO se reúne con gobernadores en Palacio Nacional; acude nuevo mandatario de Puebla
Si se aprueba la reforma electoral como está, ¿habrá certeza en las elecciones de 2024?
—Parte del problema que tiene la reforma electoral que se está procesando, que si bien todavía no se termina el trámite legislativo, parecería que es inminente porque ya ha recibido el respaldo de la mayoría en ambas Cámaras. Claramente trae afectaciones al proceso electoral y al modo en que se realizan las elecciones en nuestro país. Hay dos grandes tipos de problemáticas que trae consigo la reforma electoral, la primera tiene que ver con la manera en la que se procesó.
¿Están en riesgo las elecciones de 2024?
—La respuesta es clara y contundente: sí, están en riesgo de que se hagan conforme a lo que se han venido haciendo en términos de su certidumbre; en términos de la capacidad operativa para poder instalar las más de 165 mil casillas que tendrán que instalarse; la certeza de que los ciudadanos sepan que hay una casilla cerca de su domicilio y que esa casilla va a estar administrada por ciudadanos designados conforme al procedimiento de la ley. Es una ley tan mal hecha, tan poco pensada, hecha no con inteligencia y con datos, sino con posturas dogmáticas y odio. Que lejos de ser una reforma que mejora el sistema electoral, por primera vez en 30 años, lo pone en un grave riesgo.
¿Existió un proceso legislativo desaseado?
—Hay un segundo problema de procedimiento: el desaseo legislativo. Es una reforma aprobada en la madrugada en una primera instancia, sin ningún tipo de análisis ni diagnóstico, es una reforma en la que sus promotores ni siquiera se ponen de acuerdo respecto de cuáles son, por ejemplo, los ahorros que se van a generar, es una reforma que parece que tiene como principio, como dogma rector, abaratar los costos de las elecciones y el costo de la institucionalidad electoral, pero ni en eso se ponen de acuerdo: el Presidente dice que va a haber 3 mil 500 millones de pesos de ahorro; el secretario de Gobernación dice que son 5 mil millones. En la iniciativa se habla de los ahorros, pero no hay un diagnóstico que lleve a los legisladores a definir que esa es su razón fundamental en cuánto se va a traducir.
¿La reforma viola la autonomía del INE?
—La reforma viola la autonomía de la autoridad electoral, y pongo tres ejemplos de decisiones que se plantean en la reforma que afectan gravemente la autonomía. Primero, se busca destituir ipso facto al secretario ejecutivo del INE, [Edmundo Jacobo], que es un funcionario nombrado con base en un procedimiento establecido en la Constitución. Dado que es el Consejo General con mayoría de ocho votos, a propuesta del presidente del consejo quien nombra al secretario ejecutivo, el único que lo puede remover es el Consejo General en un proceso similar.
Segundo tema, se meten a tomar decisiones presupuestales del INE, y con una ley pretenden desaparecer fideicomisos sin atender que no se van a poder destinar para lo que la reforma plantea. Y tercer punto, plantea una gravísima regresión porque plantea que el gobierno vuelva a tener decisión en la organización de las elecciones, cuando le confiere a la Secretaría de Relaciones Exteriores la atribución de validar el listado de lectores de mexicanos residentes en el extranjero, esto es inaudito.
¿La reforma hará inoperante al INE?
—Por primera vez en 30 años, al hacer una operación no producto de una cirugía con bisturí, sino con una operación hecha con dinamita y a machete, al recortar arbitraria y sin ningún fundamento, sin ningún diagnóstico, sin ningún análisis de las consecuencias a la estructura del INE, por primera vez se pone en grave riesgo la operación de las elecciones. En 30 años nunca habíamos tenido un problema de que las elecciones pudieran no llevarse a cabo; hoy por primera vez estamos frente a ese escenario de aprobarse esta insensata reforma.
“Reforma dinamita la equidad en la contienda”
Córdova continúa: —Al permitirle a los funcionarios públicos promocionarse al redefinir lo que es la propaganda gubernamental, al permitirles entrometerse al hablar bien o mal de candidatos o partidos en los procesos electorales se está dinamitando también una de las condiciones básicas de la equidad en la contienda, que se han construido de 2007 a la fecha. Sin atender el hecho de que ahora el INE va a tener un problema y el Tribunal Electoral también: ¿A quién le vamos a hacer caso? A una ley que le permite a los funcionarios hacer lo que hoy está prohibido o a la Constitución que sigue prohibiéndolo. Es decir, si aplicamos la ley, violamos la Constitución y si aplicamos la Constitución, que está por arriba de la ley, tendrá que desaplicarse.
¿A quién beneficia esta reforma electoral?
—Al no ser una reforma pedida como todas las anteriores por las oposiciones para mejorar las condiciones de la contienda, sino que refleja los intereses desde el poder, me parece que es una reforma que le permite a los funcionarios públicos hacer lo que tienen prohibido; es una reforma que al poner en riesgo a las elecciones, pues probablemente permite que quien hoy tenga el poder lo siga manteniendo. No es una reforma democrática en sus propósitos, sino que además de mal hecha, es profundamente mal intencionada porque no genera condiciones ni garantías para el ejercicio de los derechos políticos, todo lo contrario.
Los legisladores impulsaron la “cláusula de la vida eterna” a partidos. ¿Qué implicaciones tiene?
—Hay unos legisladores que no tuvieron ni siquiera tiempo de leer lo que estaban votando. Y allí, los que llaman ellos mismos los “duendes” legislativos metieron cosas que el Presidente no había planteado y eso provocó un regaño gravísimo del Presidente a sus legisladores. Aquí parecería que son sus legisladores en términos de su propiedad, porque parece que volvimos a las épocas en las que lo que diga el señor Presidente es lo que se hace; ni modo, así es. Es el mejor ejemplo de lo que no debe hacerse en una ley, porque debe generar claridad y certeza para todos. El primero de los principios rectores de la función electoral y que obliga también a los legisladores cuando modifican las leyes electorales es el de certeza y hoy nadie sabe, a ciencia cierta, qué va a pasar con eso.
¿La reforma será llevada ante la Suprema Corte?
—Todo está cantado, la mesa está puesta para que no solamente por parte de los órganos electorales, sino por parte de los propios partidos, las minorías parlamentarias y, eventualmente, por muchísimos ciudadanos que vean afectados sus derechos políticos, que esta reforma sea impugnada, y eso es algo malo. Esta reforma va a nacer, digámoslo así, bajo una impugnación generalizada y es algo que habíamos logrado superar en los últimos 25 años. Por lo tanto, es una reforma que va a acabar decidiéndose “No”, y no por el consenso político, sino por las decisiones de los jueces, es decir, de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y quién sabe si se presentan amparos hasta de los jueces.
¿Qué sigue para Lorenzo Córdova al terminar su ciclo en el INE en 2023?
—Todavía son tres meses y medio, y mi responsabilidad va a ser muy intensa en estos días. Seguir defendiendo como hasta ahora lo hemos hecho, desde la trinchera de la autoridad electoral: elecciones libres y auténticas; seguir garantizando los derechos políticos de los ciudadanos, incluso frente a actuaciones irresponsables de otros poderes, como ahora del Legislativo, que ponen en riesgo lo que viene.
