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Andrés Manuel López Obrador firmó su primer decreto como presidente de la República para crear una supercomisión que no tenga límites de ningún tipo, con recursos económicos, acceso total a información y con apoyo de testigos protegidos, con la finalidad de investigar y llegar a la verdad en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace más de cuatro años.
El decreto firmado en Palacio Nacional ante la presencia de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, crea la comisión integrada por los familiares de los normalistas, sus abogados, y representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público.
López Obrador aclaró que su gobierno no será cómplice de violaciones de derechos humanos y se van a investigar las responsabilidades, incluso del Ejército: “El que nada debe, nada teme”, enfatizó.
“Creo que la investigación tiene que incluir a todo el gobierno, a todas las personas involucradas y considero que, en el supuesto, eso tiene que ser parte de la investigación, que elementos del Ejército estuviesen involucrados, en vez de debilitar esta institución tan importante para la vida pública del país, se fortalecería si se hace un deslinde”, dijo.
El titular del Ejecutivo instruyó, a partir de la entrada en vigor del decreto, a todos los organismos y dependencias federales que cuenten con información o pruebas, facilitarlas, además del acceso total a las instalaciones en las “que por circunstancias del caso se asuma puedan encontrarse, o pudieron haber estado las personas desaparecidas o vestigios relacionados con ellos”.
La comisión contará con recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, así como la posibilidad de recibir aportaciones de organizaciones nacionales y extranjeras.
Por ningún motivo podrá calificarse como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Por primera vez, según Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se brindará protección y beneficios por la colaboración que de terceras personas se obtenga.
Sobre esto, el presidente López Obrador dijo que para los testigos protegidos se va a garantizar protección para que den a conocer —con libertad— todo lo que saben y llegar al fondo del asunto, “que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y que haya justicia.
“El llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece. En este nuevo gobierno debe reinar, debe imperar la verdad ante todos, la verdad que es revolucionaria, que es cristiana. La mentira es reaccionaria, es del demonio”, precisó López Obrador.
Se instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que celebre los convenios que requiera la comisión y que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con cualquier otro organismo, autoridad o experto internacional que pueda coadyuvar al esclarecimiento del caso.
María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, dijo que han luchado 50 meses exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes, por eso, en esta ocasión le piden al Presidente que la firma del decreto no se quede sólo en eso, sino que sea el inicio de un proceso en el que caminen juntos para encontrar a los normalistas.
“Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, esto va a ser grande, la gente va a volver a confiar en usted”, enfatizó esta madre dirigiéndose al presidente López Obrador, en quien los familiares de los normalistas han puesto sus esperanzas para esclarecer el caso y dar con el paradero de los 43 estudiantes.
Al concluir el evento, los familiares tomaron el micrófono para expresar su postura.
