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Por Luis Pereda
Nuestro Estado de Derecho está bajo asedio. El ejercicio del poder desde la política avanza cada día más, y eso solo significa un retroceso en el gozo de las libertades ciudadanas. Nuestro país necesita que el gremio encargado de defender los derechos humanos de los abusos del poder político esté a la altura de las circunstancias. En otras palabras, se necesita que la abogacía en México sea confiable, competente y capaz. ¿Lo es?
Por supuesto, la anterior pregunta no quiere decir que ningún abogado en México está cumpliendo con su deber hacia su sociedad. Hay muy buenos ejemplos de organizaciones, fundaciones, despachos, colegios profesionales, personas académicas y litigantes que fungen como dique de contención en contra de los excesos del poder político. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, como muchas otras organizaciones, trata de aportar su grano de arena en esta interminable tarea. ¿Entonces dónde está el problema?
El problema está en que existe una percepción generalizada de que las personas que ejercen la abogacía son corruptas y tramposas. Los chistes crueles o de mal gusto en contra del gremio de los abogados son un clarísimo botón de muestra del estatus que la profesión tiene entre, paradójicamente, las personas que necesitan de ella.
¿Cuántas personas abogadas hay en el país? No se sabe. ¿Cuántos de ellas ejercen su profesión? No se sabe. ¿Cuántas de ellas se han actualizado desde que dejaron la universidad? No se sabe. ¿Cuántas de ellas compraron la tesis con la cual obtuvieron su grado de licenciatura? No se sabe.
Si aceptamos la premisa de que “lo que bien empieza, bien acaba” entonces las preguntas pertinentes son: ¿Qué están enseñando las universidades? ¿Cuántas horas de su plan de estudios están dedicas a la ética? ¿Cuántas de ellas solicitan una tesis original como requisito para titulación y, además, enseñan a sus alumnos durante toda la carrera el proceso de investigación académica, para que elaborar la tesis no sea un mero trámite? ¿Hay congruencia entre lo que ofrecen y lo que piden? ¿Están enfocadas en preparar abogados y abogadas íntegros o responden a una lógica de mercado, donde el cliente siempre tiene la razón?
Si es esto último, entonces tenemos un gran problema como sociedad. Las universidades que adopten una lógica de mercado, en lugar de una lógica de formación de seres humanos, tendrán una actitud predatoria tratando de llenar sus aulas, y sus bolsillos. Ofrecerán licenciaturas en derecho en 2 años o menos. Ofrecerán titulaciones a cambio de más dinero. Llenarán sus aulas y prohibirán a sus profesores que reprueben a los clientes. No generarán nuevo conocimiento, solo repetirán el existente. Y lo que es más grave: enseñaran, con el ejemplo, que el fin justifica los medios.
La calidad de las universidades no está determinada por el origen de sus recursos, públicos o privados. Tampoco por el tipo de normas jurídicas que enseñan, ya que, al final del día, todas enseñan la misma constitución. Mucho menos por lo majestuoso o austero de sus aulas. Me parece que la calidad de una universidad se define por su vocación, sus alumnos y sus profesores. ¿Para qué quiero enseñar Derecho? ¿A quién le quiero enseñar Derecho? y ¿Cómo quiero que sea mi profesor o profesora? Cuando las respuestas a esas tres preguntas están alineas con una idea de bien común (en oposición a un bien individual) y con la justicia (en oposición a un simple lucro), entonces estamos ante una buena universidad. Y saber esto es importante porque, si no tenemos buenas universidades, ¿de dónde van a salir los buenos abogados?
Miembro del Consejo Directivo de la BMA
