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Al momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el plan B de la reforma electoral, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Siete acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias presentadas por diputados y senadores, partidos de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) y municipios fueron turnadas para su análisis al ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinará si admite, desecha o previene los recursos.
El acuerdo de la presidencia de la SCJN, encabezada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, publicado hace días en la lista de notificación del Máximo Tribunal, no es de admisión, sino de trámite y turno al ministro instructor.
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Entre las acciones de inconstitucionalidad turnadas se encuentran las promovidas por el PAN, PRD, MC, INE, así como por diputados y senadores que consideran que las reformas debilitan y violan la autonomía de la autoridad electoral.
La mayoría de los municipios que promovieron controversias constitucionales son de las entidades de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, y son gobernados por el PAN, PRD, PRI y MC.
En enero pasado, Chihuahua capital se convirtió en el primer municipio en presentar SCJN una controversia constitucional contra el denominado plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador.
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El alcalde Marco Bonilla Mendoza (PAN) interpuso el recurso en el que demanda la invalidez del decreto por el que se reformó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia electoral.
La mayoría de los gobiernos municipales que recurrieron al Máximo Tribunal del país rechazan el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a sólo 0.1% del presupuesto.
Dado que existe conexidad respecto a las leyes impugnadas, como son Ley General de Comunicación Social, Ley de Responsabilidades Públicas, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos y Ley de Medios de Impugnación, los recursos de control de constitucionalidad fueron acumulados en un expediente.
En las próximas semanas, el ministro Alberto Pérez Dayán decidirá si admite o desecha las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales interpuestas contra la reforma electoral, algunas de las cuales serán votadas la próxima semana en el Senado.
Hace uno días, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el rechazo de sus opositores a las reformas electorales tiene como fondo agruparse en contra de su gobierno y de su movimiento de transformación para que regrese el régimen de corrupción al país.
En este sentido, pidió a sus adversarios y a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) esperar a que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si es constitucional o no el llamado plan B.
“Va a resolver la Corte sobre si es constitucional o no la ley electoral que propusimos y vamos a esperar el resultado. Ellos están agarrando esto como bandera política, van a hacer hasta una manifestación, pero en el fondo lo que buscan es agruparse en contra de nosotros, en contra de la transformación; lo que quieren es que regrese el régimen de corrupción que prevalecía. Entonces, cualquier cosa se convierte en bandera, no se conformaron con bloquear la reforma constitucional en materia electoral que significaba un avance importantísimo”, expuso.
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