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El caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Un recurso de revisión tramitado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, llevó el reclamo contra la orden de un tribunal federal para permitirle a Duarte de Ochoa impugnar su condena de nueve años de prisión.
En el recurso, la UIF pidió a la Corte declarar si Duarte podía apelar su sentencia, y fue turnado a la ministra Margarita Ríos Farjat.
Sin embargo, el recurso de apelación de Duarte de Ochoa ya fue tramitado en cumplimiento a una sentencia de amparo y resuelto en mayo pasado con una decisión que confirmó la pena de prisión, pero revocó el decomiso decretado y mantiene más de 40 bienes inmuebles en resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR)
Fuentes federales explicaron que esto ocurrió debido a la demora en las notificaciones del recurso de revisión de la UIF, que no llegaron a tiempo para impedir la apelación.
En consecuencia, indicaron, se prevé que la Corte entre al estudio de la sentencia en la que se concedió el amparo a Duarte para que pudiera apelar y, sobre ello, que declare si la apelación en la que se confirmó su pena de prisión por nueve años es legal, pues se dictó antes de que el máximo tribunal pudiera pronunciarse al respecto.
La sentencia de apelación fue emitida por el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México, y con ella se suponía destrabado el trámite que la defensa de Duarte hizo desde 2018.
Con esa apelación, Javier Duarte buscó echar abajo una sentencia emitida el 26 de septiembre de 2018, que fue el resultado de un procedimiento abreviado en el que el exgobernador pactó con la FGR declararse culpable a cambio de la imposición de una pena mínima.
Para ello, la FGR modificó su acusación por delincuencia organizada a asociación delictuosa, delito menor y lavado de dinero.
En consecuencia, Duarte fue condenado a nueve años de prisión, al decomiso de 40 propiedades y pagar una multa de 58 mil pesos.
El tribunal unitario únicamente dejó sin efecto el decomiso de los inmuebles porque hay otras acusaciones contra excolaboradores de Duarte de Ochoa y diversos litigios pendientes, tal como ocurrió con un departamento que fue parte de este decomiso, pero que era propiedad de Moisés Mansur, identificado como principal operador del exmandatario estatal.
Mansur ganó un amparo mediante el cual se ordenó la devolución de dicho inmueble.
Este año, el exgobernador cumplirá tres años en el Reclusorio Norte, que se tomarán en cuenta como parte de su pena, por lo que le restan seis. Al cumplir la mitad, podrá solicitar libertad anticipada.
En este tiempo, su excolaborador Javier Nava fue detenido por lavado de dinero, pero lleva su proceso en libertad. En tanto, su exesposa, Karime Macías, fue aprehendida en Londres, donde se inició su proceso de extradición. Como parte de la disolución del matrimonio, Duarte y Macías acordaron una pensión alimenticia, la guarda y custodia a favor de la madre de los tres hijos y un régimen de visitas y convivencias que el exgobernador podrá ejercer viajando a Londres o cuando sus hijos vengan a México.
