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Eliminar los organismos autónomos y otras instituciones que dependen del Poder Ejecutivo Federal como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, echaría abajo por lo menos dos décadas de trabajo y exigencias de la sociedad civil para construir estas instituciones.
Así lo consideraron activistas, quienes recordaron que organismos amenazados por el Presidente, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), fueron producto de las exigencias de la población y en algunos casos la sociedad civil ayudó en su proceso de conformación.
“La creación de estas instituciones que fortalecen el sistema democrático no fue una decisión unilateral del gobierno en turno, al contrario, la mayoría de las autoridades se han resistido a la creación de instituciones que avancen en la causa de la democracia. Estos organismos han sido producto de la lucha de quienes defienden los derechos humanos”, expresó Aranzazu Alonso, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia.
Desde que inició su sexenio, López Obrador también ha mostrado su molestia con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de que ya desapareció el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) para víctimas y el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El comienzo
El más viejo de todos estos organismos es la CNDH, con 31 años de existencia, y a partir del año 2000 se aceleró la creación de instituciones que hoy son un contrapeso a las decisiones del gobierno federal.
En los albores del siglo XXI surgió el Grupo Oaxaca, un colectivo de activistas y académicos que puso sobre la mesa la necesidad de que en México hubiera un mayor acceso a la información generada por las autoridades.
De esa manera se creó la Ley Federal de Transparencia Pública Gubernamental en 2002, marco normativo que dio origen al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (hoy Inai), institución que obtuvo su autonomía hasta 12 años después.
Al mismo tiempo que un grupo civil exigía el derecho de acceso a la información, surgió la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, encabezada por el político Gilberto Rincón Gallardo.
Dicha comisión ciudadana impulsó la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dependencia que fue dirigida en su primera etapa por Rincón Gallardo y hoy se encuentra sin titular, luego de la renuncia de Mónica Maccise en 2020.
Las consecuencias de su extinción
Sobre el Inai y el Conapred, así como el resto de organismos autónomos, el presidente López Obrador ha argumentado que su desaparición serviría para ahorrar recursos económicos; sin embargo, Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), expresó que si se desaparecen a estas instituciones se dejaría en situación de vulnerabilidad a muchos sectores de la población.
“Si desaparecen los organismos autónomos, una serie de derechos humanos que se han reconocido a lo largo del tiempo podrían quedar como letra muerta. Todo derecho debe tener un mecanismo o un recurso que te permita reclamarlo o exigirlo, entonces, el tema de que puedan desaparecer estos organismos autónomos a lo que nos puede llevar es que esos derechos queden en el papel y no haya una forma de que la ciudadanía los exija”, señaló.
Al mismo tiempo, destacó el rol de la sociedad civil en la conformación de los organismos autónomos. Recordó que si bien la CNDH surgió por acuerdos internacionales firmados por México, incluido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, desde los años 90, las organizaciones sociales ya advertían sobre la necesidad de tener una institución garante de los derechos humanos.
Luego de la creación del Inai y el Conapred, en 2012 nació el fondo para la protección de periodistas, y en 2013, el fondo de atención a víctimas, aunque estos recientemente fueron desaparecidos a propuesta del Jefe del Ejecutivo federal.
Detrás de la creación de ambos hubo una presión de familiares de víctimas, la sociedad civil e, incluso, organismos autónomos, quienes reclamaron la atención del Estado mexicano a las personas que fueron vulneradas.
El Sipinna siguió un camino similar en 2017: organizaciones especializadas en temas de infancia ayudaron a crear esta institución que se dedica a vigilar e impulsar políticas públicas en favor de la niñez en todo el país, una labor muy diferente a la del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) que se dedica a la asistencia y atención de menores de edad que han sido vulnerados de alguna manera.
Ante la posibilidad de que los organismos desaparezcan, Alberto Solís, director de Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), también mostró su inconformidad, pues dijo que estas instituciones dan garantía a la población de que los servidores públicos son vigilados y actúan sin discrecionalidad: “Lo que hay que hacer es que estas instituciones funcionen adecuadamente”.
