La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al Estado mexicano, especialmente a las autoridades electas, federales y estatales, a adoptar una agenda vigorosa que proteja a todas las personas contra las desapariciones e impulse las soluciones que las víctimas y sus familias merecen.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, dijo que es crucial que se reconozcan los derechos de las víctimas y se escuche su voz con la atención y la empatía que exige el respeto a su dignidad.
“Desde la ONU-DH se alienta a que todos los esfuerzos llevados a cabo por las autoridades -junto con los avances normativos, institucionales y jurisprudenciales que se registran en México- se consoliden en una política de Estado y se traduzcan en resultados tangibles. Para este fin, el diálogo franco y honesto con las familias es fundamental”, señaló.
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La ONU-DH ha identificado diez temas prioritarios que considera oportuno fortalecer y sobre los cuales ha ofrecido su asistencia y cooperación técnicas:
Asegurar el derecho a la participación de las víctimas de desaparición, atenderles adecuadamente y brindarles una reparación integral.
Garantizar la protección efectiva de todas las personas buscadoras ante los riesgos y ataques que enfrentan.
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Fortalecer la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, incluyendo sus consejos ciudadanos, así como las instituciones forenses y de identificación humana.
Investigar de manera adecuada y diligentemente los delitos relacionados con la desaparición de personas.
Continuar el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades responsables de la búsqueda e investigación, garantizar que las personas servidoras públicas cuenten con perfiles idóneos y que las instituciones dispongan de los recursos necesarios.
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Desarrollar e implementar una estrategia nacional de prevención de las desapariciones, bajo un enfoque de seguridad ciudadana y fundamentada en el respeto y la protección de los derechos humanos.
Profundizar los esfuerzos de capacitación al personal judicial en el manejo de casos de desaparición, especialmente en los procedimientos de juicio de amparo y de declaración especial de ausencia por desaparición.
Garantizar el funcionamiento efectivo y, en su caso expedir, las herramientas previstas en la Ley General en la materia, tales como registros, bancos de información, programas, leyes locales y reglamentos.
Retomar y reforzar los trabajos por la verdad, la justicia, las memorias y el esclarecimiento histórico, relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Impulsar la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, en especial del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y asegurar el cumplimiento de sus resoluciones y Acciones Urgentes.
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