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Zapotlán de Juárez, Hgo.— El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los actores políticos, sociales y económicos a hacer un frente amplio para acabar con la violencia y la inseguridad que padece el país.
“Gobiernos federal, del estado, municipales, los poderes federales, los locales, desde luego el Poder Legislativo federal, los poderes, en el caso de Hidalgo, el Congreso local, los presidentes municipales, los integrantes del Poder Judicial, que todos actuemos de manera organizada, que hagamos un frente amplio para garantizar la paz y la tranquilidad, todos juntos”.
Al inaugurar el C5i de Hidalgo, acompañado por su gabinete de seguridad y el gobernador Omar Fayad, el mandatario federal insistió en que en el combate a la delincuencia se tienen que hacer a un lado las diferencias, “que las vamos a tener siempre, porque son consustanciales en la democracia”.
El Presidente agradeció el respaldo de las Fuerzas Armadas en la tarea de pacificación y afirmó que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, es “como mi suplente en la conducción de esta tarea de seguridad”.
“Él es el que nos coordina, es el que lleva la agenda, es el que está pendiente de que cumplan los acuerdos, Alfonso Durazo, quien me apoya mucho en todo esto que estamos llevando a cabo”.
Al poner en operación el Centro de Control, Comando, Confianza, Coordinación e Inteligencia (C5i) —que fue calificado como el más avanzado en México y uno de los más avanzados de Latinoamérica—, el gobernador Fayad dijo que este centro será un ejemplo nacional de coordinación entre su gobierno, el federal y los municipios.
Explicó que el C5i cuenta con 58 torres de microondas, 300 kilómetros de conexión de fibra óptica, coordinación con la Policía Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
Fayad resaltó que recibió al estado con 66 cámaras de vigilancia, de las que sólo funcionaban 33; actualmente tienen instaladas 5 mil y buscan llegar a 10 mil conectadas en toda la entidad. “Privilegiamos la inteligencia sobre el uso de la fuerza”, afirmó.
Presumen avance contra huachicol. Antes, en su conferencia de prensa matutina, el Presidente presumió que en su gobierno ha habido una disminución de 95% en el robo de combustible, y en el caso de Hidalgo, la reducción de este ilícito ha sido de más de 50%. “No nos vamos a descuidar”, dijo, y reconoció que falta mayor trabajo en las comunidades de Hidalgo, donde se apoya socialmente el huachicoleo.
“Fue muy doloroso lo de Tlahuelilpan, no se olvida (...) Y tenemos que seguir trabajando en las comunidades para que no sean utilizadas por la delincuencia como apoyo para cometer estos ilícitos, todavía hay localidades, y me dirijo a ellas, en donde se protege a bandas de delincuentes”.
El secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, explicó que la reducción en el robo de combustible en Hidalgo es de 53% y que tienen detectadas 45 comunidades involucradas y siete bandas dedicadas al robo de combustible.
Dijo que se encontraron 886 tomas clandestinas, de las cuales 880 han sido selladas con concreto y que 3 mil 142 elementos del Ejército se encuentran desplegados en la entidad para realizar actividades de seguridad pública, vigilancia de ductos y de diversas instalaciones estratégicas.
En otro tema, el Jefe del Ejecutivo afirmó que ante posibles actos ilícitos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en la que se investiga el hallazgo de 320 millones de pesos en el extranjero, su gobierno actuará, sea quien sea, ya que podría haber lavado de dinero.
Anoche, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaron que las acciones que el gobierno mexicano ha emprendido en contra de la UAEH no tienen motivación política alguna.
Se dio a conocer que en abril pasado se congelaron 224 cuentas de la universidad, de las cuales se desbloquearon 66 relacionadas con becas y nómina. Gobernación y la UIF exhibieron cómo ha sido el proceso que se sigue con la UAEH.
Justificaron que el proceso en curso responde a que el gobierno ha suscrito convenciones internacionales en materia de lavado de dinero para fortalecer los mecanismos de prevención y detección de ilícitos.
