En el marco del quinto aniversario de la publicación de la Ley General en materia de de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez , refrendó la prioridad y el compromiso del Gobierno de México para trabajar juntos en la búsqueda e identificación forense y dar respuesta a esta demanda de la sociedad.

Ante funcionarios de las secretarías de Gobierno, y de Finanzas; de las Comisiones Locales de Búsqueda y de fiscalías generales del país, Encinas Rodríguez convocó a cerrar filas para que, de manera coordinada, se asuma este reto como responsabilidad de Estado y sin celos institucionales.

La titular de la , enfatizó que la búsqueda de personas es una obligación del Estado y urgió a la implementación de una política pública forense con enfoque masivo dirigida a la búsqueda de personas desaparecidas .

Para ello, insistió en la necesidad de sumar esfuerzos para cumplir con la obligación del derecho de toda persona a ser buscada, identificada y regresada a casa de manera digna.

Durante la reunión se planteó una estrategia conjunta para que todas las instituciones dirijan recursos humanos y materiales suficientes para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Asimismo, se exhortó a que todos los recursos recibidos, tanto federales, estatales y de cooperación internacional se dirijan a los trabajos de identificación con enfoque masivo, los cuales serán coordinados a través del Centro Nacional de Identificación Humana.

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La Segob destacó que en el encuentro se mostraron las buenas prácticas en materia de búsqueda forense con fines de identificación implementadas por el Centro Regional de Identificación Humana, en Coahuila; y el Centro de Identificación Humana de Jalisco, así como la experiencia de Baja California Sur en el fortalecimiento de su Comisión Estatal de Búsqueda.

Para finalizar el subsecretario Alejandro Encinas remarcó que estas acciones, además de ser una política pública, forman parte de un cambio de cultura institucional para garantizar el derecho de toda persona a ser buscada.

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