, ex subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ( Sedatu ) en el sexenio de Enrique Peña Nieto , libró este sábado la prisión preventiva justificada por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en el caso de la llamada Estafa Maestra .
Sin embargo, el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, lo vinculó a proceso por dicha falta al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba suficientes de que el exfuncionario firmó un convenio de colaboración ilegal entre la Sedatu y la Universidad Politécnica “Francisco I. Madero” de Hidalgo , para la realización de diversos servicios para el Centro Ciudad de la Mujeres, por un monto de 185 millones de pesos.
En una larga audiencia virtual celebrada en el Reclusorio Norte , los fiscales de la FGR endurecieron su ofensiva legal contra González Tiburcio, quien enfrentó su segunda acusación luego que en enero de 2019 fue procesado por falsedad de declaración también por la Estafa Maestra, y advirtieron al juez del peligro de que se sustrajera de la justicia, el imputado.
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Lo anterior, porque acusaron tenía tres domicilios diferentes en la Ciudad de México y contactos en Alemania, había salido del país a destinos como República Dominicana, Ecuador, Chile, Indonesia, Chicago, Panamá, Italia, Grecia y Turquía , y contaba con la capacidad económica.
A esto la defensa respondió que González Tiburcio no incumplió con las medidas cautelares derivadas del primer proceso en su contra, consistentes en la firma periódica del libro de procesados y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
“Se ha comportado de manera correcta y considero que le sería más perjudicial sustraerse de la justicia a mi cliente”, expresó uno de los abogados defensores.
Tras los alegatos, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio “un voto de confianza” a González Tiburcio y desestimó la prisión preventiva justificada en su contra, al considerar que los fiscales no presentaron elementos suficientes para demostrar el riesgo de que el imputado evada la acción de la justicia.
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Indicó que si bien el imputado cuenta con varios domicilios en los que algunos no fue localizado por la FGR para ser notificado, no están fuera de la jurisdicción del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio.
De esta manera, le impuso como medidas cautelares la firma cada 15 días del libro de procesados ante la Unidad de Medidas, la entrega del pasaporte al Centro de Justicia y la prohibición de salir del país.
Como parte de los argumentos vertidos para vincularlo a proceso, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio por verídico el peritaje realizado por la FGR que determina que González Tiburcio sí firmó el convenio de colaboración con la Universidad Politécnica.
Asimismo, dio un plazo de tres meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para el cierre de la investigación complementaria.
Derivado de los dichos del Oficial Mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa , quien colabora con autoridades ministeriales en el caso de la llamada Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Enrique González Tiburcio, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por más de 185 millones de pesos.
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