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De los 16 militares detenidos en junio de este año por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 10 salieron en libertad de la prisión del Campo Militar 1-A, debido a que no se configuró el delito de desobediencia del que se les acusó en el fuero militar, porque repelieron una agresión.
En sentencia dictada hace unos días, el Juez Primero de Control de la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México, revocó la vinculación a proceso contra este grupo de elementos de tropa, ya que el comandante del Batallón de Infantería que participó en los hechos no se presentó a testificar para aclarar sobre la orden de no perseguir y enfrentar a los sujetos presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
El juzgador había dado un plazo de 72 horas para que el coronel de Artillería compareciera como parte de las diligencias, mismo que se venció ayer, por lo que los 10 militares fueron dejados en libertad, quedando un teniente y cinco elementos militares en prisión, porque la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció acción penal en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y ejercicio ilícito del servicio público relacionados con el caso.
A mediados de año se difundió un video que muestra la presunta ejecución extrajudicial de elementos del Ejército Mexicano contra cinco civiles, después de una persecución en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.
En la grabación se observa cómo los efectivos castrenses someten a los civiles, los privan de la vida con disparos de arma de fuego y después alteran la escena de los hechos.
Se aprecia que las personas detenidas ya habían sido sometidas por los elementos del Ejército. Luego de esto debieron ser entregadas a la autoridad competente para seguirles el debido proceso.
Las personas ultimadas por los elementos castrenses fueron identificadas como José Ángel Moreno Pool, Édgar Chavarría Rico, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez.
Derivado de lo anterior, la Fiscalía General de Justicia Militar inició carpeta de investigación y detuvo a 16 elementos, quienes fueron vinculados a proceso por el Juez Primero de Control de la Primera Región Militar por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar.
La Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que las acciones contra el personal involucrado son independientes a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), que colabora con la Sedena, para determinar las responsabilidades correspondientes en el orden federal.
Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en agosto pasado una recomendación a la Sedena y a la FGR por violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, en agravio de cinco.
Personas interceptadas a bordo de un vehículo por cuatro militares
El organismo señaló que elementos del Ejército Mexicano reportaron que cinco civiles armados murieron en un enfrentamiento en la mencionada ciudad fronteriza con Estados Unidos.
Sin embargo, en un video se mostró otra sucesión de hechos, por lo que inició la queja de oficio con el objetivo de indagar sobre las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por el personal del Quinto Batallón de las Fuerzas Especiales.
En su momento, la Fiscalía General de la República requirió a los militares que participaron en la presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles armados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para entrevistarlos sobre los hechos ocurridos en mayo.
El ministerio público del caso solicitó apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para interrogar a los elementos y recabó imágenes de las cámaras de video instaladas en la zona donde se registraron los hechos e indaga sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la muerte de los cinco sujetos armados, presuntos integrantes del Cártel del Noreste.
