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Desde la implementación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) el derecho de acceso a la información se ha constituido como un efectivo mecanismo de control de la función pública, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas .
En el foro virtual “Avances y retos a 5 años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, organizado por el órgano garante, el comisionado señaló que “durante cinco años las instituciones no han logrado todavía ser receptivas a las solicitudes de información de la sociedad y responder satisfactoriamente”.
Durante el panel “Avances a 5 años de la instrumentación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, la comisionada Josefina Román Vergara aseguró que uno de los principales avances en la implementación de esta legislación es la creación del Sistema Nacional de Transparencia como instancia que reúne a los órganos garantes del país y se coordina con otros Sistemas Nacionales, como el de Archivos y el Anticorrupción.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte , indicó que el acceso a la información ha evolucionado significativamente con la adaptación y enriquecimiento de los marcos normativos, la ampliación del padrón de sujetos obligados, la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Tania de la Paz Pérez Farca, subsecretaria de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública ( SFP ), dijo que el Inai, con la implementación de la Ley General, ha logrado una cultura de confianza y compromiso entre ciudadanía y gobierno.
Por otra parte, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), refirió cuatro aspectos que reflejan cómo transitaron los órganos garantes del país a la nueva ley general: la configuración del SNT; el cambio de paradigmas en cuanto a la implementación y uso de las tecnologías de la información; la conceptualización de la transparencia proactiva, y la figura de gobierno abierto.
En tanto, Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, Centro de Investigación y Análisis, destacó que la Ley General de Transparencia fue resultado de un ejercicio efectivo de parlamento abierto entre legisladores y representantes de la sociedad civil organizada, lo que ha permitido destacarse como una de las mejores legislaciones del mundo.
Sin embargo, planteó que hay r etos pendientes en su implementación; el primero es que las políticas de transparencia proactiva sean la regla y no la excepción para poner a disposición de la sociedad información; el segundo es la necesidad de coordinar esfuerzos y recursos para digitalizar la información y los archivos de las administraciones públicas y, por último, hacer llegar la información a los grupos sociales históricamente discriminados y excluidos, conocidos como vulnerables, por los medios adecuados.
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