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La Ley de hidrocarburos avalada en lo general este miércoles en la Cámara de Diputados atraería consigo consecuencias para la economía mexicana, estimó el Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO).
En un comunicado, minutos después de la votación en San Lázaro, el centro de investigación en política pública indicó que la Ley preferencial del presidente Andrés Manuel López Obrador traerá problemas para el mercado petrolero del país y a los usuarios de gasolinas.
El IMCO advirtió que una de las principales afectaciones que traería consigo su eventual aprobación en el Senado es la dificultad que las familias mexicanas tendrían para acceder a insumos básicos como las gasolinas, diésel, gas natural, entre otros.
"La iniciativa conlleva repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex, cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas", explicó.
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Destacó, también, que la Ley generaría una menor competencia económica en la cadena de valor de los petrolíferos, aunado a la "incertidumbre jurídica" entre los empresarios, lo que ocasionaría la pérdida de inversión privada en el campo.
Y resaltó que el costo de la reparación de daños e indemnizaciones, así como revocación de premisos a privados, representan un riesgo para las finanzas públicas del país.
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Esto sin mencionar la violación de tratados internacionales de los que México forma parte, al tiempo que pondría en entre dicho la propia Constitución del país, aseguró.
En su momento, cuando el presidente envío la iniciativa al Legislativo, el IMCO señaló un riesgo de expropiación por parte de Pemex , ya que ésta, según el documento, podría hacerse cargo del manejo de instalaciones de empresas privadas a las que les fuesen revocados sus permisos.
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Esta noche, sin embargo, agregó que la norma, tal y como se encuentra redactada, "dota de facultades discrecionales a la Sener y a la CRE para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo... (y un) 'peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía'".
"En el IMCO, exhortamos a los integrantes de la Cámara de Diputados a no aprobar esta iniciativa. Esto representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México", finalizó.
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