A pesar de que ya concluyó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) aún hay 11 servidores públicos que están amparados contra la Ley de Austeridad Republicana desde 2019.
Se trata de servidores públicos que ocupan cargos relevantes en dicho órgano que fue criticado por el expresidente de ser oneroso, quienes consiguieron la protección de la justicia para seguir ganando salarios que alcanzan los 146 mil pesos brutos y prestaciones superiores a la ley como bonos, seguros y otras ayudas.
De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia, en 2019 se registraron al interior del Inai más de 30 amparos contra la Ley de Austeridad, entre los que se encontraba incluso el actual presidente de dicho órgano, Adrián Alcalá Méndez, quien permaneció amparado por más de dos años y se desistió en 2022, justo antes de rendir protesta como comisionado e integrante del pleno.
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En aquel entonces, la mayoría de los funcionarios amparados ganaban más que el titular del Ejecutivo, cuyo salario era en 2019 de 108 mil 606 pesos netos y 155 mil 835 pesos brutos. En 2024, la remuneración bruta de López Obrador fue de 186 mil 023 pesos al final, y aunque ya nadie ganaba más que él, hay 11 funcionarios que cuentan con amparos vigentes.
Destaca Jonathan Mendoza Iserte, quien se desempeña como secretario de Protección de Datos Personales y cuenta con un salario bruto mensual de 146 mil 851 pesos, y prestaciones adicionales como prima vacaciones por 48 mil 950 pesos que recibe de manera semestral; asignación adicional, por 4 mil pesos trimestrales; ayuda para padres por 4 mil 123 pesos anuales; ayuda para anteojos por mil 900 pesos; y despensa mensual de 885 pesos, entre otras cosas.
El salario bruto anual de Mendoza Iserte, con prestaciones incluidas, alcanza un millón 892 mil 755 pesos.
Luis Felipe Nava Gomar, director general de Enlace con los poderes Legislativo y Judicial, es el segundo en la lista de amparado y cuenta con un salario bruto mensual de 136 mil 883 pesos; Miguel Novoa Gómez, director general de Protección de Derechos y Sanción, quien gana 136 mil 883 pesos, tiene amparo; Martín Torres Contreras, director de lo Contencioso, también está protegido por la justicia federal y tiene un salario de 110 mil 679 pesos brutos; y Ulises Ramírez Gallardo, jefe de Ponencia, quien gana 136 mil 883 pesos y es otro de los amparados.
En todos los casos continúan recibiendo prestaciones fuera de la Ley de Austeridad Republicana, incluidos los pagos por concepto del seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado.
En la lista de amparados también se encuentran Pedro Israel Popoca Trujillo, quien se desempeña como Enlace Institucional; Víctor Manuel Castro Borbón, director de Sustanciación de Protección de Derechos; Rafael González García, quien trabaja en la dirección general de Tecnologías de la Información; Graciela Morales Elías, de la dirección general de Protección de Derechos y Sanción; Guadalupe Lobera Durán, de la dirección general de Asuntos Jurídicas; y Armando Ortiz González, de la dirección general de Gestión de Información y Estudios.
Otra herramienta de presión en contra del instituto: expertos
Para los expertos, estos 11 amparos vigentes darán a Morena y sus aliados en el Congreso una herramienta más en su intentona de desaparecer al Inai, algo que les parece preocupante.
“El hecho de que se den cualquier tipo de situaciones que pudieran favorecer a la desaparición del Inai nos debe de preocupar y debe ser motivo no sólo de cuestionamiento, sino de un plan de acción muy concreto para la Presidenta, porque es una realidad que seguimos teniendo gente por encima de la ley, seguimos teniendo excepciones, seguimos teniendo incongruencias, más si hablamos de un organismo tan importante como el Inai, que es fundamental para la vida democrática y la rendición de cuentas”, detalló la politóloga Arlen Ramírez Uresti.
En su oportunidad, el politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez, recordó que entre los argumentos que usó el Poder Judicial para amparar a los quejosos, destaca la premisa de que una mayor remuneración permite que los servidores públicos no sean tentados a atender otros intereses.
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Además, puntualizó que el Inai ha reducido costos en los últimos años y que “no es un órgano caro en comparación al Producto Interno Bruto”, sin embargo, coincidió en que el hecho de que ni siquiera las comisionadas ni el comisionado presidente del Inai estén amparados, pero sí subalternos, será un arma de presión en contra del máximo órgano de transparencia en México.
“Le dio al expresidente y a Morena recursos para decir: es que ni siquiera son los comisionados, ¿qué intereses tienen?, insisten en violar la ley, se amparan y el Poder Judicial los resguarda, es decir, potencializa el discurso que llevó López Obrador y sí les dio otra arma para continuar atacando al instituto que de por sí ya está mermado con reducciones de presupuesto y una intentona de que su pleno quedara inoperante”, concluyó.