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A pesar de las constantes tragedias que sufren migrantes, así como de los abusos de militares, de agentes de migración y policías estatales, y de los delitos de los que son víctimas, en el Congreso de la Unión existe una veintena de iniciativas y exhortos a diversas autoridades para investigar o frenar dichos abusos, pero que están congelados o son prácticamente letra muerta.
Líderes migrantes y senadores coinciden en que la mayoría de los exhortos al Instituto Nacional de Migración, a la Guardia Nacional, a las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son bloqueados por parte de la mayoría de Morena y sus aliados, pero cuando se aprueban no son atendidos, ni sancionados los funcionarios señalados y mucho menos se cambian las políticas que violentan los derechos humanos de los migrantes.
La senadora Gina Cruz Blackledge (PAN) lamenta que las reformas, exhortos e iniciativas que tienen que ver con frenar la violencia, no sólo por parte de la delincuencia, sino también de autoridades, queden en la congeladora o sean bloqueados.
Expone que a raíz del incendio en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, el PAN presentó tres puntos de acuerdo el pasado 29 de marzo, los cuales no fueron atendidos por la Junta de Coordinación Política.
En septiembre de 2021, se presentó un punto de acuerdo en que el Senado condena la violencia y agresiones contra migrantes en el sur del país por parte de la Guardia Nacional y del INM, y exhorta a sus titulares a cesar definitivamente a los agentes involucrados e iniciar una investigación de la cadena de mando, así como a evitar el uso de la fuerza.
Tampoco se atendió un exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, se consideraran recursos suficientes para la atención de los migrantes mexicanos. Cruz Blackledge presentó dicho punto de acuerdo en octubre de 2021.
Además, en enero de 2022 presentó un punto de acuerdo donde se solicita la comparecencia de los titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación y del INM para que informen acerca de la crisis migratoria en el país. Francisco Garduño asistió al Senado, pero no ante el pleno, sino a comisiones.
El 24 de enero de 2023, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo donde se solicita a la Segob y al INM revisar de forma minuciosa los procedimientos de retención de extranjeros en estaciones migratorias, así como al Poder Judicial de la Federación para que considere implementar instancias especializadas en materia migratoria.
Como la mayoría de los exhortos al INM, a Segob y a la Guardia Nacional, casi tres meses después no hubo acciones concretas para frenar las detenciones arbitrarias ni prolongadas en las estaciones migratorias. Incluso en la de Ciudad Juárez había personas detenidas con visas humanitarias, de turista y con salvoconductos.
Al respecto, el dirigente del Frente Nacional de Inmigrantes, Carlos Arango, dice que el Congreso y sobre todo el bloque de Morena y aliados “muestran una total falta de sensibilidad al mantener congeladas iniciativas que buscan limitar los excesos contra los migrantes. Se han convertido en una especie de muro que bloquea reformas a favor de ellos.
“La política migratoria de México es criminalizar la inmigración y al igual que en Estados Unidos los políticos usan el tema como moneda de cambio. Incluso en México, el bloque mayoritario de manera vengativa congela las medidas que podrían hacer alguna diferencia”, expone.
