Solo 277 (16%) de los mil 741 legisladores y legisladoras del país (628 federales y 1,113 estatales) han cumplido con la 3 de 3 para servidores públicos, al publicar su situación patrimonial, de intereses e impuestos, como lo establece la legislación mexicana.
De acuerdo con un informe de Transparencia Mexicana, el 84% de legisladores restantes (1,462 de 1,739 legisladores) no publicaron su declaración, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata, o sencillamente dijeron “no tener intereses”.
La organización civil recordó que lo anterior es preocupante porque cuando un legislador o legisladora no hace pública la información sobre sus intereses personales –por ejemplo, si participa en empresas, sociedades, fideicomisos, organizaciones, sindicatos o tiene clientes en el sector privado o público– incrementa el riesgo de conflicto de intereses durante su mandato.
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La Ley General de Responsabilidades Administrativas fija el 31 de mayo como la fecha límite para que legisladoras y legisladores presenten y publiquen su declaración patrimonial y de intereses.
En esa materia, Transparencia Mexicana informó que a partir del día 1 de junio revisará el cumplimiento de los mecanismos para prevenir y evitar conflictos de intereses en el Congreso Federal y los Congresos Estatales.
De acuerdo con la organización, el mayor riesgo en términos de potenciales conflictos de intereses se centra en un grupo de 391 legisladores que no cumplieron con su obligación de presentar y publicar su declaración de intereses, que equivale a 22.5% de los 1,739 legisladores federales y estatales.
“Este grupo, que no publicó su declaración de intereses, se integra por 373 legisladores estatales y 18 federales. El análisis preliminar conducido por Transparencia Mexicana señala que no fue posible identificar la declaración de intereses de estos 391 legisladores, en ninguna de las plataformas habilitadas para tal fin. Su declaración no fue publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Plataforma Digital Nacional, el sitio web oficial de su Congreso, ni en la Plataforma Digital Estatal (para aquellos estados que ya cuentan con una). Es decir, estos legisladores están en falta con lo dispuesto por la Constitución y las leyes secundarias aplicables”, explicaron.
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En el análisis por entidad, el estudio revela que en México no hay un solo órgano legislativo –ni estatal, ni federal– en el que el 100% de sus legisladores y legisladoras cumplan con las medidas para prevenir y evitar conflictos de intereses.
En el informe se advierte que Aguascalientes es el órgano legislativo del país en el que un mayor número de legisladores publican información sobre aquellos intereses que pueden entrar en conflicto con su función legislativa (41% de los legisladores). A este Congreso estatal, le siguen en número de legisladores que publican información sobre sus intereses, la Cámara de Diputados federal (33%) y el Congreso de Quintana Roo (24%).
En 18 Congresos estatales no fue posible conocer los intereses de ninguno de sus legisladores, mientras que en los Congresos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no fue posible conocer los intereses de ninguno de los legisladores, incluso tras revisar las cuatro plataformas de información habilitadas por ley para este fin.
Transparencia Mexicana detalló que ante el incumplimiento de la 3 de 3, los órganos internos de control son responsables de iniciar un proceso de investigación y sanción contra aquellos servidores públicos que incumplen esta disposición de ley.
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