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El senador Emilio Álvarez Icaza y la diputada Ana Lucía Riojas Martínez, ambos independientes, “calcaron” cuatro denuncias desechadas por la PGR presentadas por una empresa en octubre de 2016, mayo y junio de 2017 contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, por supuestos actos de corrupción para favorecer a la constructora española OHL.
Los legisladores retomaron las querellas del abogado de la empresa Infraiber, Paulo Jenaro Díez Gargari, quien acusó irregularidades en la ampliación por 30 años más de la concesión a la empresa GANA, filial de OHL México, para operar la autopista Amozoc-Perote, y en la asignación del permiso de construcción de la carretera Atizapán-Atlacomulco, así como un desvío de 3 mil 500 millones de pesos de la SCT para la campaña del gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza.
Al comparar los documentos, en poder de EL UNIVERSAL, se pudo establecer que Álvarez Icaza y Riojas Martínez llevaron ante el agente del Ministerio Público de la Federación las denuncias en los mismos términos suscritos por el litigante Díez Gargari, manifestando en la narración de hechos una copia literal.
En la denuncia relacionada con el complejo carretero Atizapán-Atlacomulco, por la que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/ CGI-CDMX/0001643, el senador y la diputada federal sólo agregaron textos que afirman que Ruiz Esparza se comprometió al comparecer ante el Senado de la República, el 17 de octubre de 2018, a acompañar a Álvarez Icaza a interponer una denuncia si se demostraban irregularidades en su gestión y que los hechos expuestos forman parte de un “esquema permanente de corrupción”, se indica.
En lo referente a la denuncia por la autopista Amozoc-Perote, por la que se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF UNAI- CDMX/000 1827/2016, los activistas repiten el procedimiento, el resto del texto es tal cual como lo presentó el abogado Paulo Jenaro Díez Gargari a la autoridad ministerial.
Incluso, señalaron como domicilio para ser notificados, el despacho del abogado Díez Gargari, ubicado en avenida de las Fuentes número 145, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, y en la denuncia que interpusieron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra Ruiz Esparza, también por corrupción, autorizaron como su abogado al hermano de Paulo, Rodrigo Bernardo Díez Gargari.
Por las denuncias de Paulo Díez, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la Procuraduría General de la República (PGR) inició varias carpetas de investigación FED/ SEIDF/CGI-CDMX/001643/2017, FED/SEIDF/UNAI-VER/0001827/2016 y FED/SEIDF/CGI-CDMX/0001617/ 2017, por el delito de uso indebido del servicio público contra el ex titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Esas carpetas de investigación fueron desechadas —en abril de 2017 y marzo de 2018, respectivamente— al no acreditarse los hechos señalados, y en consecuencia la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales determinó en definitiva el no ejercicio de la acción penal contra Ruiz Esparza, según los expedientes FED/SEIDF/UNAI-VER/ 0001827/2016 y PGR/SEIDF/491/2018 emitidos por la Unidad de Investigación y Litigación de la SEIDF, y autorizados por el subprocurador, Felipe Muñoz Vázquez, de los cuales EL UNIVERSAL posee copia.
En noviembre pasado, Emilio Álvarez Icaza, ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la diputada federal Ana Lucía Riojas Martínez acudieron a la sede de la PGR a presentar cuatro denuncias en las que pidieron investigar a Ruiz Esparza por el supuesto desvío de 3 mil 500 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la campaña de Alfredo del Mazo al gobierno del Estado de México, por la irregular ampliación de la concesión a la empresa española OHL México para operar la autopista Amozoc-Perote, y por la asignación del permiso en la carretera Atizapán-Atlacomulco, además de presuntos sobornos de OHL México para campañas políticas en el extranjero.
En esa ocasión, Álvarez Icaza aseguró que cuentan con grabaciones que evidencian sobornos de la constructora OHL México a funcionarios del Estado de México: “Les pagaban vacaciones, viajes, viáticos, hay funcionarios mencionados, como Arturo Montiel [ex gobernador del Estado de México], es una cadena que tiene años”, aseveró.
El activista mencionó que las cuatro denuncias se complementan con la que ingresaron días después ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra Ruiz Esparza.
El artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la determinación de no ejercicio de acción penal inhibe una nueva persecución penal en los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona.
