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Los cárteles de la droga mexicanos, sobre todo el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lavan al año 25 mil millones de dólares, equivalentes a 48% de los 51 mil 594 millones de dólares enviados a México en remesas en 2021, a través de la moneda virtual denominada bitcoin.
Dicha cantidad representa casi 2% del valor de la economía mexicana, 86% de lo que el país recibió por exportaciones petroleras el año pasado y 1.3 veces las exportaciones agropecuarias de 2021, según datos oficiales.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas publicó su informe 2021, en el que advirtió que el uso de criptomonedas para blanquear dinero va en aumento entre las bandas de narcotraficantes mexicanas, que vieron en este sistema de intercambio electrónico la oportunidad para legalizar sus ganancias derivadas del tráfico de drogas, extorsión, secuestro y asesinatos.
Según el documento, presentado ayer por el representante en México de la JIFE, Raúl Martín del Campo Sánchez, los grupos criminales depositan cantidades que no superan los 7 mil 500 dólares en varias cuentas bancarias, una técnica conocida como smurfing (atomización), para no llamar la atención de los bancos.
“Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”, alertó.
Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), tanto cárteles mexicanos como colombianos están aumentando el uso de monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones.
Según el informe elaborado por la JIFE con base en información reportada por los países miembros, las empresas de juego y las zonas con beneficios fiscales siguen siendo utilizadas para el lavado de dinero mediante el comercio.
“Los sistemas como la hawala [un sistema de transferencias por intermediarios en países musulmanes], el mercado negro de cambio, y el uso de productos básicos como el oro y los diamantes, no están incluidos en muchas de las obligaciones de divulgación de información financiera, por lo que plantean enormes dificultades para las entidades encargadas de hacer cumplir la ley”.
Al presentar el informe, Del Campo Sánchez afirmó que la delincuencia organizada transnacional trata de maximizar sus beneficios a través de flujos financieros ilícitos, que son el sustento de todos los aspectos del tráfico. “Los flujos financieros ilícitos son un importante obstáculo para el desarrollo sostenible, ya que afectan la capacidad de un país para recaudar, retener y movilizar recursos para financiar los distintos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible”, dijo.
Recordó que el lavado de dinero se da mediante el sistema bancario, contrabando de efectivo, proveedores de servicios monetarios, sistemas alternativos de envío de remesas, reservas de valor, métodos comerciales, pagos por telefonía móvil o internet, criptomonedas, bienes inmuebles y empresas fachada.
“Estos flujos financieros ilícitos amenazan el desarrollo político, económico y social y la seguridad de los países mediante la corrupción, el soborno, la delincuencia organizada y la desigualdad, así como la desviación de recursos, incluso tributarios”, dijo en conferencia de prensa.
El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a los países, entre ellos México, prevenir la explotación de nuevos servicios financieros, como por ejemplo las bitcoins y las billeteras electrónicas.
También, reforzar las medidas contra el blanqueo de dinero con la aprobación de leyes de transparencia y el combate a la impunidad. “Centrarse en estrategias de reducción de la oferta y la demanda que también aborden los flujos financieros ilícitos y promuevan la participación de los sectores público y privado y la sociedad civil”.