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Desde la disputa por la Ley de Salarios hasta la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la renovación de posiciones estratégicas, vivió el Poder Judicial de la Federación (PJF) durante el primer año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Actualmente, el PJF está encabezado por un ministro proveniente de la academia, no de carrera judicial como tradicionalmente se acostumbró: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien desde el inicio de su gestión ha mantenido un discurso de austeridad, lucha contra la corrupción e igualdad de género.
A lo largo del último año arribaron a la Corte de Justicia tres ministros propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador: Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien llegó en lugar de José Ramón Cossío, y Yasmín Esquivel Mossa, en lugar de Margarita Luna Ramos. Ante la abrupta salida de Eduardo Medina Mora, ocurrida en octubre pasado, Margarita Ríos-Farjat, extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fue designada por el Senado a propuesta del Ejecutivo federal.
Además, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se renovó en su mayoría, pues el Senado de la República designó a dos consejeras cercanas al proyecto de López Obrador: Loretta Ortiz y Verónica de Gyves.
Por ello, constitucionalistas como Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo Lajous, Bernardino Esparza e Itzel Checa criticaron el proceso de elección de ministros y, en entrevista con El Gran Diario de México, se pronunciaron por reforzarlo.
La Corte designó un consejero de entre sus magistrados, Sergio Javier Molina Martínez, y el Presidente de la República nombró directamente a Bernardo Bátiz.
El conflicto por la ley de salarios
Luego de la llegada de López Obrador a la silla presidencial, la exigencia para que los juzgadores del país reajustaran sus sueldos derivó en una confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo con el Judicial por la promulgación de la ley de salarios.
Desde diciembre de 2018, cientos de jueces, magistrados y demás funcionarios del PJF tramitaron amparos contra la aplicación de dicha norma que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, que se asignó un salario de 108 mil pesos mensuales, y que sancionaba hasta con cárcel a los servidores públicos que ganaran más que él.
El primer gran golpe desde el PJF a la ley de salarios surgió cuando el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad tramitada por senadores en contra de dicha legislación y ordenó suspender su aplicación para que la Cámara de Diputados elabore el Presupuesto de 2019 conforme a las reglas de 2018.
En un hecho sin precedentes, jueces y magistrados federales protestaron en distintos circuitos para exigir un cese a los ataques contra el PJF por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Para el 8 de enero de 2019, los ministros de la Corte aceptaron reducir en 25% sus salarios para asegurar que los sueldos de magistrados y jueces federales no fueran afectados por la ley debido a que los protege la Constitución.
Los casos polémicos
Como parte del cambio de administración, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó algunos casos polémicos como el de Emilio Lozoya, Rosario Robles y Juan Collado, entre otros.
Los jueces federales fueron los encargados de emitir órdenes de aprehensión contra destacados personajes que durante administraciones pasadas fueron considerados como “intocables”.
En marzo, el juez Cuarto de Distrito de Veracruz exoneró a 21 implicados en la desaparición y homicidio de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz, en el caso conocido como Tierra Blanca, por delincuencia organizada.
En abril, un juez ordenó citar a 21 militares, entre ellos el general Eduardo León Trauwitz, por vínculos con el robo de hidrocarburos, posteriormente ordenó aprehender al mando castrense por esta acusación.
Además, en Quintana Roo, el Primer Tribunal Unitario libró orden de aprehensión contra Mario Plutarco Marín Torres, exgobernador de Puebla; Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la policía estatal; Juan Sánchez Moreno, exdirector del desaparecido grupo de Mandamientos Judiciales, y José Kamel Nacif Borge, por tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
En mayo, un juez de Control en el Reclusorio Norte libró órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por la supuesta venta irregular de la planta de Agronitrogenados a Pemex.
Contra Lozoya Austin fue emitida otra orden de aprehensión por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero derivado del caso Odebrecht. Actualmente sigue prófugo.
En agosto, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna citó a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de La Estafa maestra. Actualmente permanece vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y presa en el penal de Santa Martha Acatitla.
Resoluciones
Este año también significó la emisión de resoluciones controversiales y de avanzada, tales como la sentencia con la que la SCJN declaró inconstitucional que empleadas domésticas no tengan derecho a ser inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En enero de 2019, luego de que el presidente López Obrador emprendió la lucha contra la ordeña de ductos de Pemex, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó al gobierno federal tomar las medidas necesarias para que todas las estaciones de gasolina en el país tuvieran suficiente combustible.
En febrero, la Corte emitió la primera declaratoria de inconstitucionalidad de la historia, en la que invalidó las sanciones que se imponen a los concesionarios de radio y televisión por incumplimiento a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Desde que el gobierno federal publicó las nuevas reglas de operación para el Programa de Estancias Infantiles, en febrero pasado, que implican reducción de recursos, en diversos estados se tramitaron amparos en los que los jueces federales concedieron suspensiones para que el programa continúe operando conforme a las reglas de 2018.
En mayo, la Corte declaró, por primera vez, que cuando una mujer enfrenta un riesgo de salud durante el embarazo, tiene derecho a abortar.
En junio, un tribunal federal ordenó frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pero la administración de López Obrador logró la revocación de todas las suspensiones concedidas. Permanece vigente la orden de preservar lo construido en Texcoco.
En agosto, la Corte se pronunció a favor del derecho de las víctimas de violación al aborto legal sin necesidad de denunciar o de obtener autorización de un juez.
