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Al manifestar su rechazo al decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados lamentó que no se puedan construir soluciones legislativas conjuntas.
Desde la tribuna del Palacio de San Lázaro, Ildelfonso Guajardo Villarreal expuso que al modificar el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera y establecer de manera estricta un tope del 0.15 por ciento en los gastos por contratación de créditos y financiamientos, se abre una diferencia entre municipios grandes y pequeños, cuando se imponen estos límites.
Explicó que con esta medida, una restructuración de deuda de un estado del tamaño de Nuevo León por 10 mil millones de pesos, le da un margen de 15 millones con ese nuevo tabulador, mientras un municipio pequeño que quiere reestructurar 30 millones, los 45 mil pesos con que contaría con esta ley, no le da ni siquiera para pagar los costos de agencias crediticias.
“Que nos sirva esto de experiencia, que podemos llegar aquí con consensos, pero desafortunadamente cuando no se abre el diálogo, cuando no se nos invita a construir cosas en conjunto, terminamos con estas aberraciones”, puntualizó el exsecretario de Economía.
Al intervenir en este debate, la diputada Blanca Alcalá invitó a sus correligionarios abordar en las siguientes semanas este tema, y tener un trabajo más cercano con las autoridades municipales de los distritos y de las entidades que representan. Sostuvo que es necesario entender que la ley que atiende este dictamen amerita una revisión amplia y plural, ya que el factor establecido debería corresponder a las características, condiciones, tamaños e ingresos de los municipios.
La legisladora poblana advirtió que topar los gastos adicionales y contingentes, se puede traducir en elevadas tasas de interés, lo cual, subrayó, pondría en riesgo que municipios con finanzas más precarias paguen tasas más altas, incluso generando una diferencia entre el acceso al crédito de los municipios de menores ingresos respecto a los de mayor desarrollo.
Al respecto, el legislador Francisco Yunes Zorrilla aseguró que el debate al artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera, que fija un porcentaje sobre el monto de la contratación de los gastos y costos del financiamiento, ya está establecido en el reglamento de esa ley. “Si se pretende que con esta disposición se va a cerrar una puerta a la corrupción, lo único que está hoy, si se lo tuviera que conceder, sería en el hecho de que perdieron tres años para hacerlo”, agregó.
