La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no haya citado a comparecer a las autoridades que rechazaron la Recomendación 29/2019 de las estancias infantiles.
El día de ayer la bancada de Morena descartó que María Luisa Albores , secretaria de Bienestar; Arturo Herrera , secretario de Hacienda y Crédito Público; María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral Familiar ( DIF ), y César Emiliano Ochoa, responsable de la Comisión de Mejora Regulatoria , asistieran al Congreso para explicar por qué rechazaron la recomendación de la CNDH.
“Esta determinación cancela la posibilidad de que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos reconocidas por la Recomendación 29/2019, a quienes revictimiza, reciban por parte de las autoridades que no aceptaron dicho pronunciamiento, la explicación fundada y motivada, a la que constitucionalmente tendrían derecho sobre las razones que sustentaron su negativa, así como a que en una comparecencia pública se pudiera debatir con representantes populares, de manera abierta y transparente, el sentido de la misma”,
expresó el organismo autónomo.
Indicó que, como lo han hecho integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador , los legisladores que bloquearon la posibilidad de la comparecencia también descalificaron la labor de la CNDH:
“Preocupan las descalificaciones y aseveraciones infundadas que se hicieron desde la tribuna de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre el profesionalismo, calidad moral e independencia de la CNDH y de quienes prestan sus servicios en ella, afirmaciones que no corresponden a la realidad, que desinforman a la sociedad y generan una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo”.
Por último, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez anunció que informará sobre estos hechos a las relatorías e instancias de los sistemas universal y regional de derechos humanos, que en reiteradas ocasiones han advertido que las autoridades deben cumplir con las recomendaciones que reciben.