La madrugada de este 4 de septiembre, Morena y aliados estrenaron su aplanadora legislativa en la Cámara de Diputados y aprobaron en lo general la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista para EL UNIVERSAL, Diego Valadés Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM y exministro de la Suprema Corte, asegura que la elección de cargos judiciales federales planteada en la reforma se trata de un timo al elector por la manera en la que se llevará a cabo la votación.
- La reforma al Poder Judicial de la Federación plantea una elección dividida en dos partes, la primera en 2025 y la segunda en 2027. Entre esos dos procesos, se estima que se elegirán más de mil 600 cargos. ¿Ve viable una elección de esta magnitud?
Veo dificultades para el elector, en el sentido de que se le darían boletas para elegir a las personas por las cuales emita su voto y una lista con un elevado número de prospectos. Esto hace que la elección vaya a ser un timo al elector, porque no tiene realmente posibilidades de memorizar tantos nombres durante la campaña, de saber sus características y de poder emitir un voto informado.
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- La reforma judicial plantea cambios en los requerimientos para aspirar a cargos. Por ejemplo, se eliminó el requisito de tener 35 años cumplidos para ser Ministro o Magistrado. En su lugar, propone que basta con tener el título de abogado, 5 o 3 años en el ejercicio de actividad jurídica y la calificación de 8 o 9 en materias relacionados con el cargo por el que se desea contender. ¿Cuál es su valoración de esta medida y sus efectos?
Habla del empobrecimiento del personal que se va a proponer. Significa que van a plantearse candidaturas que muy difícilmente reunirán las condiciones para funcionar como juzgadores. El juzgador ni siquiera es el que ha egresado de una escuela de derecho, aunque salga con diez de promedio. El juzgador es el que se forma en el Poder Judicial desde su base. Si usted conversa con los actuales jueces y magistrados, verá que comenzaron desde las posiciones más modestas, en su mayoría en los juzgados y en los tribunales.
- Un tema que levantó controversia fueron las distinciones que hay en el caso de Tribunal Electoral del Poder Judicial. La reforma dice que los Magistrados de la Sala Superior que estén en funciones podrán mantener su cargo hasta 2027 a diferencia de otros cargos que se estarían renovando en 2025. También se les eliminó la restricción, por ejemplo, para aspirar a cargos como el de Ministro de la Suprema Corte ¿Cuál es su lectura de esta situación?
En el caso de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral, pareció obvia la intención de atraer las simpatías de los magistrados hacia las causas planteadas por el poder político.
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- Otro tema polémico es la creación del Tribunal de Disciplina judicial que plantea la reforma como un reemplazo del Consejo de Judicatura Federal. Desde su perspectiva. ¿Cree que está justificada la creación de este nuevo tribunal?
El Consejo de la Judicatura está mal diseñado, está mal construido, la presencia del Presidente o de la Presidenta de la Corte en el Consejo no es razonable. Eso hay que modificarlo. Pero lo que se está planeando con este Tribunal es otra cosa, porque se está planteando literalmente un tribunal de inquisición para controlar las resoluciones de jueces y de magistrados.
Se le faculta al Tribunal a valorar las resoluciones de jueces y magistrados conforme a principios tan abstractos como el de la “excelencia”, por ejemplo. De manera que se trata de un órgano con características muy represivas para mantener un control muy riguroso sobre toda la judicatura federal. Además, a independencia de los jueces quedaría completamente anulada, ya que dependería de la simpatía de quienes los incluyan en las planillas.
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- Justo uno de los argumentos que más se ha usado para criticar la reforma es que pone en peligro la imparcialidad, independencia y autonomía de los juzgadores. ¿Es realmente autónomo e imparcial el Poder Judicial de la Federación tal como está constituido hoy?
El Poder Judicial de la Federación tiene muchísimos problemas que resultan de su propia estructura, donde sí se registran actos de nepotismo, corrupción y de alargamiento excesivo de los juicios. Pero no se debe todo a la forma de proceder los jueces, sino al diseño de las normas. Hay muchas triquiñuelas para alargar los juicios cuando hay riesgo de perderlos.
Además, la morosidad de la justicia mexicana, que es algo de lo que nos quejamos todos, es imputable a que en México tenemos sólo cinco jueces por cada 100 mil habitantes, frente a casos el de Costa Rica, que tiene 25 jueces. Todo eso evidentemente se traduce en deficiencias en la administración e impartición de justicia.
Y si vamos a los poderes judiciales estatales, pues entonces es otra historia. Ahí las interferencias por parte de los gobernadores, de sus funcionarios allegados y de hasta presidentes municipales influyentes, son enormes.
- En ese sentido, ¿la reforma judicial no atiende las deficiencias que ya existen?
Y al contrario, desarticula lo poco que estaba funcionando bien, como la carrera judicial. Una persona que llega a juez o magistrado es porque ya recorrió un escalafón extenso. Esto se está echando por la borda. Era lo mejor que habíamos construido: una buena clase judicial, muy pequeña con relación a lo que necesita el país, pero experimentada y bien formada. Entonces nos estamos quedando sin lo bueno y con todo lo malo. No puede haber reforma peor.
