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Directoras de refugios para mujeres víctimas de violencia califican como alarmante y riesgosa la propuesta del gobierno federal de retirar los recursos económicos a esos sitios; aseguran que con esta medida ellas no tendrán un apoyo integral que sea otorgado por especialistas y señalan que “no todo es entregar dinero”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, señala que dar el apoyo económico de forma directa es “sumamente grave”, porque el problema de la violencia hacia las mujeres tiene que ver con una atención integral, especializada y que no se atiende sólo con dinero.
“Estamos hablando de un problema de salud pública. Dar el apoyo económico de forma directa es sumamente grave, alarmante y se vuelve una situación improcedente, porque el problema de la violencia hacia las mujeres tiene que ver con reparación de daños, restitución de derechos y atención integral especializada que no se atiende con sólo recursos. Estamos hablando de un problema de salud pública. No todo es entregar dinero”, asegura.
Agrega que la propuesta del gobierno federal deja “en total desprotección a este sector, porque ¿qué pasaría si una mujer sale del lugar donde es violentada y llega a una oficina de gobierno, le dan dinero y se va a un hotel? En un hotel puede correr varios riesgos, como trata, violaciones o que la asesinen. Los refugios son espacios necesarios, porque se cuenta con la experiencia y el apoyo necesario para esos casos”.
Aseguró que de aprobarse la medida, se afectará a cerca de 80 refugios de apoyo a la mujer en todo el país.
El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó en su Twitter que el proceso administrativo para asignar los subsidios a esos sitios se encontraba en revisión “para optimizar los apoyos destinados a este fin” y que los recursos estaban garantizados a través del Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación, autorizado por el Congreso por un monto de 346 millones 482 mil 708 pesos.
“El gobierno de México reitera su compromiso con la población en condiciones de vulnerabilidad”, indicó.
El viernes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el lunes se va a revisar qué pasará con los refugios y su funcionamiento.
Dolores Blancas, presidenta de Casa Gaviota, se preguntó: “¿A quién le llegaría ese dinero realmente? Una mujer en violencia extrema lo que necesita es resguardar su vida, no dinero. No que le den mil, 2 mil o 3 mil pesos. No es eso lo que necesita: lo que requieren es una atención especializada para salvaguardar su integridad y la de sus hijos. Se necesita un aparato que las proteja y un apoyo integral para poder transformar sus vidas”.
Señaló que primero debe realizarse un análisis bien detallado sobre las asociaciones, los refugios y todas las personas que trabajan por la paz y la no violencia contra las mujeres en México, puesto que son especializadas en el tema y forman parte del equilibro en el país por realizar tareas que el gobierno no hace.
Carolina Espinoza García, fundadora de Caroline Athennas, coincidió con ella al afirmar que “nadie más que nosotros, que llevamos una asociación civil que apoya a víctimas de violencia familiar, para saber cuáles son las necesidades de las mujeres”. Señaló que se corre el riesgo de que este apoyo podría darse a mujeres que no lo necesitan.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del refugio Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia, A.C., aseguró que con esta entrega directa de dinero podrían dispararse los casos de violencia familiar: “Muchos de los maridos, si saben que les están dando dinero, ya ni se preocuparían. Si así hay hombres que no se preocupan por sus hijos, menos sabiendo que a la mujer le están dando ayuda”.
“Los refugios tienen personal capacitado que ayuda desde varias aristas a las que sufrieron violencia. Hay abogadas, sicólogas, trabajadoras sociales, cocineras, doctoras, enfermeras, tanto para las mamás como para los niños. Todas tienen un rol en el proceso de estas mujeres. Estos centros cumplen con una función esencial: ser el lugar clave al que llegan después de tomar la decisión más difícil, abandonar una relación violenta.
“Imagínate que tienes todo ese valor y decides terminar la relación. En ese momento de vulnerabilidad se necesita el apoyo, la contención. Alguien tiene que estar ahí para cacharlas. ¿Qué pasaría si no existen centros de atención o refugios? ¿A dónde van a ir ellas con sus hijos?”
En la bancada del PRD, en la Cámara de Diputados, se aseguró que el recorte a esos lugares desde el gobierno federal se trató de una acción de violencia contra las mujeres y misoginia al vulnerar el derecho de vivir libres de violencia.
El viernes pasado, Adriana Aguilar Ramírez, secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN, pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la entrega de recursos directos a quienes son violentadas, debido a que los refugios constituyen “un sistema en respuesta a una política pública integral con un modelo eficaz ya probado desde hace varios años en México”.
El senador por Morena Martí Batres escribió en su Twitter: “El apoyo económico a mujeres que viven violencia está bien. En la ciudad se creó el Seguro contra la Violencia Familiar para evitar dependencia con los agresores.
Pero los refugios también son necesarios cuando peligra su vida. Si el Estado no quiere subrogar el servicio, debe darlo”.
