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Aprovechando la extraordinaria oportunidad que nos brinda el Gran Diario de México a efecto de aportar ideas y razonamientos puntuales respecto de las disciplinas jurídicas a sus acreditados lectores, debemos sostener sin ambages, que el objeto y fin estatutarios de cualquier Colegio de Abogados, y en especial el de la Barra Mexicana, imponen la ineludible obligación de velar por la plena realización y protección del Estado Constitucional de Derecho, por la igualdad ante la ley, transparencia, independencia judicial y acceso irrestricto a un debido proceso. Sin un puntual acatamiento de la ley, no hay seguridad, es una necesidad fundamental. No permitamos lo que muchos doctrinarios señalan como “el descenso del Estado de Derecho”.
En México actualmente el poder exige obediencia absoluta y solo el imperio de la ley puede disciplinar esa ansia.
Es cotidiano que el titular del ejecutivo federal, en sus “mañaneras” agreda a la abogacía de México, tildándonos de conservadores y en alguna ocasión de “traidores a la patria”; últimamente a los jueces, magistrados y ministros los ataca personalmente, tachándolos de ser corruptos, mafiosos y estar supuestamente en contra del “pueblo”, más aún cuando los mismos emiten determinaciones que le incomodan o no le satisfacen. Recientemente, en una manifestación convocada por sus seguidores, se quemaron en la plaza pública las imágenes de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya señalaba Octavio Paz, que “lo terrible de ser quemado en efigie, es que se cancela el diálogo, se llama a la violencia y se envilece la sociedad”; consistentemente emite iniciativas de ley o maniobra para acotar o nulificar a distintas instituciones, como acaba de acontecer con nuestro Instituto Nacional Electoral, de gran prestigio en nuestro país y a nivel mundial.
Y ante todo ello, ¿que ha venido realizando la Barra Mexicana que me honro en presidir por los próximos dos años?
En ese tenor, como agrupación organizada de juristas defendemos con todo nuestro vigor y por todos los medios, no sólo el orden legal, sino que tampoco hemos descansado en el decidido intento para terminar con la injerencia del Gobierno en las resoluciones judiciales. Tenemos así, que vigilar, denunciar y combatir esos lamentables e injustos ataques, ya que esas conductas indebidas atentan contra la profesión. Nuestro Estado de Derecho, hay que admitirlo, es hoy día muy débil, muy vulnerable, y por tanto, tenemos la obligación de fortalecerlo.
Es por lo anterior, que en forma proactiva y decidida, actuamos en favor de nuestras instituciones y en el de los derechos de todos los mexicanos. No podemos quedarnos callados, ni ser indiferentes, o inermes, ante los constantes embates y amenazas contra el Estado Constitucional de Derecho en nuestro lastimado país, es también nuestra responsabilidad levantar nuestra voz contra esas lamentables y graves interferencias, y mucho menos, y esto lo subrayo, a los que pretenden vulnerar la independencia judicial y también, la de nuestra amada profesión. En ese sentido desde luego, también, estamos dispuestos a continuar dando todas las batallas para preservar la independencia de nuestra asociación, y para esto, deberemos buscar a toda costa, tener mayor visibilidad e influencia en el entorno jurídico nacional, y consolidar alianzas con otros actores y organizaciones, nacionales e internacionales, que nos ayuden en esa tarea.
Ante esa lamentable situación en toda la República Mexicana, dirigimos nuestros esfuerzos a reforzar la imagen de la Barra Mexicana, como verdadera garante de los derechos y libertades de todos, y como auténtica defensora del orden constitucional, mediante el impulso de una todavía mejor estrategia de comunicación convincente, que nos permita ubicarnos y ocupar el espacio debido que nos corresponde en el debate público, con el objeto de revertir los recurrentes ataques a nuestras instituciones y orden jurídico. Esa seguirá siendo nuestra divisa, coadyuvar al despliegue real y efectivo de la democracia jurídica en México, para conseguir finalmente que la igualdad, el bien común, la justicia y el progreso social sean los valores de referencia que den vigor al Estado Constitucional.
En consecuencia, hemos reaccionado públicamente, con respeto, pero con pleno fundamento y con decidida contundencia a los ataques contra el Estado de Derecho, independencia y ética judicial, que tanto nos agravian.
Considero que todas las organizaciones internacionales de abogados de las que somos parte, deben comprometerse aún más con la abogacía de México, y no sólo por una cuestión de afinidad, se trata de un imperativo estratégico que surge de una convergencia de intereses, como lograr no sólo el imperio de la ley, sino promover la legalidad, la independencia judicial y más aún, la libertad y la subsistencia de nuestra profesión, que cada vez está más amenazada, y complementar la sana influencia de la Abogacía internacional organizada en otras latitudes.
La actual situación del Estado de Derecho en México nos ha de grabar dos ideas en la memoria: nadie está a salvo de las amenazas al Estado de Derecho y a la libertad en el ejercicio profesional, y nadie debería quedarse solo frente a ellas.
Es imposible un México más justo, sin respeto a nuestra Constitución y a las instituciones autónomas que reconoce y protege.
Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
