La Sala Superior del Tribunal Electoral enfrenta el reto de calificar la elección presidencial en medio de una división entre sus integrantes y con dos vacantes en el pleno, por lo que deberán elegir a una magistratura regional para alcanzar el quórum necesario para determinar la validez de la próxima presidenta de México.
Hay cinco personas en las salas regionales que cumplen con el perfil para integrar el pleno durante la calificación de la elección presidencial. Tres presiden sus respectivas salas y dos de ellos también fueron seleccionados en la terna para ocupar definitivamente esa magistratura.
El pleno de la Sala Superior está encargado de realizar el cómputo final de votos, resolver las impugnaciones y declarar la validez de la elección presidencial, a más tardar el 6 de septiembre.
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Con esta determinación, concluye el proceso electoral.
La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que la declaración de validez, o en su caso nulidad, de la elección deberá realizarse con el pleno integrado por al menos seis magistrados.
En este momento hay cinco: la presidenta, Mónica Soto Fregoso; Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora.
“En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o magistrada, quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad si existen asuntos de urgente atención”, apunta en el artículo 167.
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En octubre pasado, los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante concluyeron su periodo en el Tribunal Electoral, y desde septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las ternas para ocupar las vacantes, una para mujer y otra para hombre.
Sin embargo, en el Senado no se lograron los acuerdos entre el bloque mayoritario de la Cuarta Transformación y la oposición para aprobar a alguno de los perfiles, por lo que después de nueve meses sigue sin haber nombramientos.
Ante esta omisión y falta de voluntad política del Senado, la Sala Superior se encuentra en una situación inédita desde su conformación como TEPJF en 1996.
La ley establece que se deberá llamar a la magistratura con mayor antigüedad de las salas regionales; sin embargo, hay cinco personas en este supuesto. Otro criterio es la edad.
Por ello, el pleno deberá determinar, con base en su interpretación de la ley, el criterio para elegir a la sexta magistratura o, en su caso, buscarán llenar las dos vacantes.
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Perfiles que podrían llegar a Sala Superior
Las personas que cumplen con el perfil son Gabriela del Valle Pérez (Sala Guadalajara), Claudia Valle Aguilasocho (Sala Monterrey), Enrique Figueroa Ávila (Sala Xalapa), María Guadalupe Silva Rojas (Sala Ciudad de México) y Alejandro Avante Juárez (Sala Toluca), todos nombrados el 17 de marzo de 2016.
Una de las magistraturas elegibles es Claudia Valle Aguilasocho, presidenta de la Sala Monterrey, quien, además, quedó en la terna para ocupar la vacante de la Sala Superior.
Inició su carrera en el Poder Judicial de la Federación en 1992 como oficial judicial adscrita al Segundo Tribunal Unitario de Circuito con sede en Mexicali, Baja California, entre otros cargos. Después se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Otra posible elección es María Silva Rojas, presidenta de la Sala Regional Ciudad de México. A diferencia de otros perfiles, su experiencia se ha centrado en el ámbito internacional como parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la International Association of Women Judges, de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y de Mujeres Líderes de las Américas.
Otro posible candidato es Enrique Figueroa Ávila, integrante de la Sala Xalapa. En su trayectoria destaca que fue asesor jurídico de la Secretaría de Gobernación de 1995 a 1999, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. También ha sido secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de Ponencia en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal y en la Sala Superior.
La magistrada de la Sala Guadalajara, Gabriela del Valle, también viene de una carrera en el PJF. Ha sido coordinadora de Ponencia y secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Distrito Federal, entre otros cargos en el TEPJF.
En la Suprema Corte fue directora de área en la Dirección General de Relaciones Internacionales y subdirectora de área con Édgar Corzo Sosa, asesor del ministro presidente Genaro Góngora Pimentel.
Finalmente está el magistrado Alejandro Avante, de la Sala Regional Toluca, quien compitió en la terna para la Sala Superior, pero no quedó seleccionado. Inició su carrera en el Poder Judicial desde 1998, donde se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Administración, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como juez de Distrito.