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Para contribuir a la “pacificación y a la reconciliación nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para la Ley de Amnistía, la cual busca beneficiar a presos políticos, encarcelados por posesión de droga, robo simple sin violencia, mujeres criminalizadas por haber abortado y personas indígenas que no tuvieron una adecuada defensa.
En ningún caso serían beneficiarias las personas reincidentes señaladas por delitos graves, que hayan causado heridas graves o permanentes a otras, que su sentencia sea por homicidio, lesiones, secuestro, delincuencia organizada, violación, trata de personas, terrorismo o ilícitos cometidos con armas de fuego o por medios violentos, como explosivos.
Se excluye de los beneficios de la excarcelación a miembros de las autodefensas, pues no están contemplados “quienes pretextando defender a la población han usurpado” funciones de instituciones de seguridad pública del Estado.
La iniciativa de ley consta de ocho artículos y tres transitorios, y fue enviada a San Lázaro el pasado 13 de septiembre, por lo que no tiene carácter preferente para que deba ser votada en 30 días.
La propuesta establece que se deberá amnistiar a los presos políticos y a quienes hayan cometido el delito de sedición u “otros similares” contemplados en el Código Penal Federal, “por motivaciones de ideología política o que hubieren sido indiciados por su participación en movimientos o protestas sociales” siempre que no hubiere habido víctimas mortales, personas con lesiones graves, permanentes o violencia y que no se haya incurrido en terrorismo.
En estos casos se prevé que una comisión de la Secretaría de Gobernación los analice y solicite la amnistía a la Fiscalía General de la República (FGR) a petición de familiares u organismos de derechos humanos. Podrán beneficiarse también quienes enfrentan órdenes de aprehensión por esos delitos, pero que están sustraídos de la acción de la justicia.
Sin embargo, seguirán subsistentes las responsabilidades civiles y los derechos de las víctimas, se indica en la propuesta, misma que fue prometida durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador como medida de reconciliación nacional.
Ayer fue dada a conocer la iniciativa en ocasión del aniversario de la Independencia y como conmemoración de la liberación en 1810 de personas injustamente presas, así como un compromiso del gobierno federal para aliviar la falta de acceso a la justicia por pobreza y corrupción.
Los delitos. Se plantea como beneficiarios de la Ley de Amnistía a grupos vulnerables, de manera especial a miembros de comunidades y pueblos indígenas, pues son los más discriminados al no garantizárseles el derecho constitucional a una defensa adecuada, a contar con un defensor público, traductor en su lengua o no haberse considerado su situación de pobreza o usos y costumbres.
De acuerdo con la iniciativa y de manera genérica son tres los ilícitos contemplados para la amnistía y en todos los casos procederá sólo cuando sean del orden federal: aborto, delitos contra la salud y de carácter político.
Respecto a la interrupción del embarazo, podrán ser beneficiarias la madre o médicos y parteros, cuando no haya habido violencia y siempre y cuando haya mediado el consentimiento de la madre.
Acerca de los delitos contra la salud, el documento remite al artículo 194 fracciones I y II del Código Penal Federal, relacionado con la Ley General de Salud, por lo que incluye a sentenciados o presos en el ámbito federal, por portar estupefacientes sicotrópicos y demás sustancias vegetales, por ejemplo, opio preparado para fumar, heroína, adormidera, coca, cannabinoides, hongos alucinógenos, así como benzodiacepinas.
En la exposición de motivos el Presidente argumenta que el universo de beneficiarios podrían ser jóvenes presos o detenidos por posesión de droga para consumo propio “o por haber participado en su transporte o comercialización”.
Empero, en el artículo 1 inciso C de la iniciativa de la Ley de Amnistía se indica que sólo será aplicable para los consumidores “que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal” marcado en la Ley General de Salud y “siempre que no haya sido con fines de distribución o venta”.
Según ese mismo apartado, la posesión de droga por la cual podrá invocarse a la amnistía podrá ser “hasta dos tantos” lo establecido en el artículo 479 de la Ley de Salud; es decir, de opio están permitidos dos gramos para su consumo personal; marihuana, cinco gramos, y cocaína, 500 miligramos, por lo que serían sujetos de perdón los presos o sentenciados por el doble de esas cantidades.
Sin embargo, la propuesta de ley marca que la amnistía será sólo para delitos federales, pero el código establece que para tener ese carácter federal las cantidades deben ser iguales o superiores a “mil veces la tabla de consumo personal”, la cual está establecida en la Ley General de Salud.
La iniciativa también invoca el artículo 198 del código, el cual refiere el delito en el que incurren personas cuya actividad principal es el campo, pero que siembren, cultiven o cosechen marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal por cuenta propia o con financiamiento de terceros, “cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica”.
Asimismo, contempla al que consienta la siembra en un predio de su propiedad o al que siembre o permita que se siembre ese tipo de drogas para producir, comerciar y transportar esos productos.
En el artículo invocado también se incluye a miembros de corporaciones policiales o de las Fuerzas Armadas.
Particular énfasis se hace en las personas que han delinquido y que están discapacitadas o bien lo han hecho “por indicación de su cón- yuge”, pareja sentimental o pariente o por presión de grupos de delincuencia organizada.
De acuerdo con la iniciativa, se buscará que haya leyes de amnistía homologadas en las 32 entidades y la Secretaría de Gobernación deberá promoverlas. Esto porque —se cita— por narcomenudeo hay mil 45 delitos en carpetas de investigación del fuero federal, pero 98 mil 694 casos registrados en el fuero común.
