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Tijuana.— El 2 de junio próximo los bajacalifornianos decidirán en las urnas la continuidad de los 30 años del PAN en el gobierno o la entrada de un nuevo partido que arrastra, aún, la ola triunfadora que en julio de 2018 llevó a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.
Pero este proceso se ha desarrollado entre tribunales. En el inicio, la selección de candidatos a gobernadores ha tenido que ser dirimida en un ambiente de confrontación.
Al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California (Morena-PT-PVEM), Jaime Bonilla, lo impugnaron en el interior de su partido; el del PAN, Oscar Vega, no era el preferido de la dirigencia nacional blanquiazul; el del PRI, Enrique Acosta Fregoso, fue seleccionado en un proceso “abierto” en el que las acusaciones de acarreos fueron la constante. El PRD eligió sin mayores problemas a Jaime Martínez Veloz, quien buscó la candidatura en Morena, pero no prosperó.
Antes de iniciar la campaña electoral, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California aprobó que la duración del próximo gobernador no sea de dos años, como se había estipulado en 2014 en la Constitución, sino de cinco.
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, echó para atrás la resolución.
El tema está nuevamente impugnado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, el tribunal electoral también se tiene la impugnación en contra de Jaime Bonilla, a quien se señala de no haber renunciado a su nacionalidad estadounidense.
“Hay graves acusaciones en tribunales. Jaime Martínez Veloz presentó una acusación de algo que todo mundo sabe: la doble nacionalidad de Jaime Bonilla, porque además la Constitución local dice que tienes que renunciar a la doble ciudadanía si la tiene quien busca el Ejecutivo estatal. No hay una referencia firme que diga que él [Jaime Bonilla] renunció”, señaló Víctor Alejandro Espinoza, catedrático del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
El presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas, refirió que el proceso electoral se la ha pasado en tribunales y lo más importante es lo que tiene que ver con la temporalidad de la gubernatura.
“Realmente estamos en desacuerdo en Coparmex, no por el cambio o el periodo de dos, cinco o seis años, sino que consideramos que fue bastante tiempo el que ha pasado para poder reformar o tener un posicionamiento en su oportunidad.
“Lo que peleamos como Coparmex es el respeto al Estado de derecho, que hay muchos comentarios de que en dos años no se pueden hacer muchas cosas. En realidad la mayoría de los candidatos que se postularon lo hicieron antes de que se metiera el recurso para cambiar el periodo electoral”, expresó en entrevista.
Rosas acusó que existen políticos que acomodan las legislaciones a su conveniencia y ello es lo que se quiere hacer en el caso de cambiar la temporalidad electoral para gobernador: “No se trató de una ocurrencia, fue a nivel nacional el cambio para empezar a empatar las elecciones”.
El proceso. Baja California, caracterizada por un bipartidismo en el que solamente el PRI y el PAN se disputaban los puestos políticos, está pintada ahora del color guinda que identifica al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Hace 30 años se dio el cambio en la entidad, la primera en la que se reconoció el triunfo de un candidato de oposición en una gubernatura.
Hoy en día, la expectativa se centra en si Acción Nacional logrará mantener la gubernatura.
Francisco Kiko Vega de Lamadrid es el actual y quinto gobernador emanado del PAN. Sobre sus hombros pesan acusaciones de corrupción y de endeudar al estado, entre otras.
En marzo pasado, el Congreso del estado aprobó la reestructuración de la deuda bajacaliforniana, para que se pague durante más de 30 años a mensualidades de 120 millones de pesos.
La deuda en el estado es una bandera electoral. Dentro de los malos manejos económicos por parte del gobierno local , una de las más afectadas ha sido la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a la que se le debe una cantidad que asciende a 853 millones de pesos.
“Hay serios señalamientos de corrupción en contra del gobernador. Él es un empresario inmobiliario que se ha enriquecido de manera impresionante, con este argumento muy mexicano de que los empresarios son las únicas personas que pueden hacer negocio cuando llegan al gobierno. El gobernador lo dice abiertamente, que se ha enriquecido porque es un empresario, se le olvida el conflicto de interés”, manifestó Víctor Alejandro Espinoza, catedrático del Colef.
Seguridad. Este tema es uno de los fundamentales en el proceso electoral. Baja California tiene uno de los municipios que ha sido declarado entre los más peligrosos: Tijuana.
“Traemos desatenciones muy graves. En la parte de policías traemos un déficit serio, Baja California tiene 0.3 policías por cada 100 mil habitantes.
“No tenemos una real coordinación ente todas las cuerdas policiales en el estado, llámese la estructura nacional. No existen protocolos homogéneos de desempeño (...) ni está coordinado el tema de la policía”, comentó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California.
Indicó que también existen debilidades en el tema de administración y procuración de justicia, así como de la prevención del delito.
“El problema de la seguridad en México es que cada seis años remendamos la rueda, se crean estructuras y leyes nuevas, grupos nuevos... a veces nada más les cambian el nombre, son los mismos policías, las mismas malas costumbres”, aseveró Hernández Niebla.
Los debates. La autoridad electoral estatal ha realizado dos ejercicios de debate entre los candidatos a la gubernatura, a los cuales no ha asistido Jaime Bonilla, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California.
Sin embargo, tampoco se ha presentado a los que organizan distintos sectores de la sociedad.
“Definitivamente, lo que yo veo es soberbia. No le toma interés, ellos todavía traen la ola Andrés Manuel López Obrador. En las encuestas que tenemos existe un puntero, que es el candidato de Morena, pero también hay que reconocer o comentar que el porcentaje ha ido disminuyendo: de 40%, que tenía anteriormente, ahora se tiene una diferencia de entre 13% y 15%, ya va disminuyendo”, indicó Roberto Rosas, de Coparmex.
