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nacion@eluniversal.com.mx
A mediados del año pasado, Sandra le pidió permiso a su mamá para salir a bailar con una amiga. Todo sería una noche de diversión; sin embargo, la joven estaba lejos de imaginar que sería secuestrada y abusada sexualmente.
Cuando Sandra no volvió a casa, su madre empezó a buscarla en hospitales, casas de amigos cercanos y en los lugares que su hija, de 19 años, frecuentaba, pero cualquier intento era en vano, parecía que la tierra se la había tragado.
Por ese motivo, Romina, madre de Sandra, visitó el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) para denunciar la desaparición de su hija y pedir el apoyo de las autoridades.
“De ellos no recibí nada. Me decían que había más casos como el mío y que debía esperar mi turno para que buscaran a mi hija. La actitud de las autoridades es muy indiferente, no tienen empatía, creo que son así por tantos casos”, aseguró Romina en entrevista con EL UNIVERSAL.
Relata que las autoridades nunca salieron a buscar a su hija y que, incluso, no le tomaron su declaración para levantar una denuncia la primera vez que visitó CAPEA.
“Me decían que volviera al día siguiente porque había mucha gente. Así lo hice, pero de nuevo me volvían a decir que me tenía que esperar. También me comentaban que regresara cuando tuviera información nueva acerca del paradero de Sandra”.
Romina repitió esa rutina durante 20 días hasta que la misma amiga con la que había salido su hija el día de su secuestro reapareció para darle un mensaje: “Te vamos a devolver a tu hija, pero no te va a gustar cómo quedó”.
Aunque aliviada por tener esa información, Romina admite que no esperaba que la amiga de su hija hubiera participado en la desaparición de Sandra, pues sus familias se conocían desde hace seis años.
“Un día uno de mis hijos recibió una llamada y le dieron la dirección de una casa. Fuimos corriendo y encontramos a Sandra con un aspecto muy sucio, olía mal y tenía ropa diferente. De ahí la llevamos a un hospital para rehabilitarla”, explicó la madre, quien pidió que se cambiara su nombre y el de su hija por motivos de seguridad.
Después de haber encontrado a la joven, Romina decidió no seguir con la denuncia en contra de sus agresores: “A mí me culpaban las autoridades, me decían que por qué dejé salir a mi hija y por qué la dejaba sola cuando yo me iba a trabajar.
“Además, querían que Sandra declarara en el hospital incluso cuando ella estaba sedada. Era mucha la presión”, relata.
Romina afirma que las autoridades de CAPEA la obligaron a firmar un documento en el hospital en el que aceptaba que dicha institución había rescatado a Sandra.
“Eso no fue cierto, la encontramos por esa llamada anónima, pero para acabar con todo esto decidimos firmar e ir a CAPEA para pedir que cerraran la investigación”.
Ahora, Romina admite que ya no le importa seguir con un proceso legal contra los agresores de su hija.
“La justicia en México no sirve, ahora sólo me importa que ya estoy con mi hija. Ella no está bien, pero sé que juntas lo podemos superar”, asegura.