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El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se expresó en contra de que se implemente la Guardia Nacional para cumplir con las tareas de seguridad interior, pero, en caso de que el Congreso de la Unión decida seguir con la iniciativa, pidió a los diputados federales que tenga una temporalidad de no más de cinco años.
En reunión con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jarab propuso que en los artículos transitorios de la legislación se establezca que el implemento de la guardia nacional será de “no más de cinco años” y garantizar que la línea de autoridad sea a través de un mando civil y no militar, es decir, que no forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“En el supuesto de que el Congreso decida, pese a tantas preocupaciones y expresiones de alerta, redefinir las funciones de la Guardia Nacional y encomendarle tareas de seguridad pública y combate a la criminalidad, sería fundamental, al menos, garantizar que la línea inmediata de autoridad sea del orden civil, esto es, que no se encuentre adscrita a la Sedena”, dijo.
Jarab también mencionó que, pese a que las violaciones a derechos humanos que han perpetrado algunos elementos de las Fuerzas Armadas se atañen a las órdenes de superiores, “es poco probable que todas se consideren como órdenes directas y sí en cambio como parte de la misma formación militar”.
Finalmente, reiteró que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha considerado que el problema de la inseguridad y la violencia en México se puede resolver “con o sin la introducción de una Guardia Nacional”.
En el mismo encuentro con legisladores estuvo presente el colectivo Seguridad Sin Guerra, que pidió “no tener de regalo de Navidad” con una ley avalada al vapor y sin escuchar a la oposición ni a organizaciones civiles, como acusaron que ocurrió con la Ley de Seguridad Interior.
En representación de la ONG habló Alfredo Lecona, quien además sugirió que para avalar el uso de la Guardia Nacional se necesitaría llevar a cabo foros como los que organizó el entonces equipo de transición, denominados Foros de Paz.
Por parte de los representantes populares en el Poder Legislativo, la diputada Tatiana Clouthier (Morena) sugirió que el dictamen tiene varias imprecisiones que podrían pasar como contradicciones y se posicionó por retomar ejemplos de cuerpos policiacos con formación militar exitosos, como el de la Guardia Civil en Nuevo León.