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Por Rodrigo García Torres Trueba
Es importante recordar que el fenómeno migratorio ha existido desde el comienzo de la humanidad. A lo largo de la historia han existido diferentes y grandes migraciones que serán recordadas, partiendo desde los movimientos forzados de personas entre los siglos XVI y XIX (principalmente la esclavitud desde el continente africano al americano, como resultado de la venta de esclavos), no pudiendo olvidar las migraciones ocasionadas por la I y II Guerra Mundial, en donde se calcula que más de 40 millones de personas se vieron forzadas a emigrar a algún nuevo país a consecuencia de las mismas.
Actualmente, las principales migraciones se dan derivado de la inseguridad, situaciones de violencia social, guerras, conflictos armados, cambio climático o simplemente por necesidad para una mejor calidad de vida o empleo; sin embargo, estamos viendo diferentes realidades con países receptores de personas migrantes, así como con países defensores de sus fronteras, incurriendo en violaciones a derechos humanos y tratados internacionales al no permitir solicitar asilo, o bien, privándolos de su libertad, a pesar de no haber cometido ningún delito.
El pasado 27 de marzo ocurrió un lamentable acontecimiento en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde 40 personas migrantes perdieron la vida por negligencia de una autoridad que debía velar no solo por su situación migratoria en el país, sino por su integridad y su vida, razón por la cual ya han sido detenidos algunos responsables, aunque claro está, las cabezas siguen al frente y con sus funciones diarias. Asimismo, desde el Gobierno Federal se ha planteado la posibilidad de sustituir al Instituto Nacional de Migración por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMEXICO), pero ¿qué es el Instituto Nacional de Migración?, ¿qué hace y cuáles son sus orígenes?
Pues bien, México es y ha sido un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, razones suficientes para que exista una autoridad encargada de regular la situación y estancia legal de dichas personas en el país. Es así, que mediante un Decreto de Ley en el Diario Oficial de la Federación del 19 de octubre de 1993 se crea el Instituto Nacional de Migración, teniendo como misión instrumentar la política en materia migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes nacionales y extranjeras con independencia de su situación migratoria durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional, reconociéndolos como sujetos de derecho, mediante la eficiencia y eficacia de los trámites y procedimientos migratorios, para contribuir a que la movilidad y migración internacional sea ordenada, segura y regular con base en el marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos. Se trata además de un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual tiene como objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia.
Habiendo dicho esto y ante la posible desaparición del Instituto Nacional de Migración, es importante tener en claro cuáles son las diferentes tareas que tiene a su cargo, pues es un hecho que cambiar una institución tan compleja no se logra de la noche a la mañana y, por tanto, se antoja difícil que los cambios sugeridos puedan darse en esta administración, aunque claro, todo puede suceder. Quien además quede a cargo, debe no solo ser un defensor de los derechos humanos, sino alguien capaz y con experiencia en política, tema presupuestal, administrativo y de gobierno, pues se trata de la conducción de la política migratoria del país, y considerado, un tema de seguridad nacional.
Desde luego y como cualquier institución, siempre habrá cosas que puedan mejorarse o cambiarse, debiendo tener claro que uno de esos cambios debe ser el promover un enfoque de la migración basado en los derechos humanos (situación que hoy en día no se da), situando a la persona migrante en el centro de las políticas, siendo importante además adaptar el marco legal en materia migratoria y de refugio con perspectiva de género para poder atacar las necesidades y problemáticas a las cuales se enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad.
En este sentido, no creo que una solución para evitar hechos tan lamentables como el ocurrido en Ciudad Juárez, o en Tamaulipas, o en Chiapas, o para frenar a la delincuencia organizada con lo que respecta al tráfico de personas migrantes, sea la desaparición de un Instituto con más de veinte años al frente de la política migratoria del país; por el contrario, se tiene toda una estructura y un andamiaje que se debe mejorar y fortalecer, trabajando en una correcta capacitación de personal, en una verdadera lucha contra la corrupción (la cual es altísima, por cierto) y desde luego, debe ser ajeno a cualquier mando militar, debiendo ser dirigida por personas capaces y especializadas en temas de movilidad, derechos humanos, perspectiva de género, niñez y en total apego al marco legal, pues vale la pena recordar que se trata de una población vulnerable -en su mayoría-, en busca de una mejor calidad de vida.
Me parece -y más allá de eliminar el “estigma social” hacia las personas en condición de movilidad-, que la mejor manera en la que podemos proteger los derechos humanos de esta población, es la inclusión e integración. Lamentablemente lo ocurrido en Ciudad Juárez no es la primera tragedia que vemos en México, por lo que la promoción y respeto a los derechos humanos deben ser políticas transversales para todos los entes de gobierno y así, evitar este tipo de hechos tan lamentables.
¡Recordemos que migrar es un derecho humano y, por tanto, universal!
Miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
