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Por: Paulina Covarrubias y Guillermo Navarro
Los análisis sobre la crisis de seguridad en México suelen ofrecer recomendaciones de política pública que, si bien comprenden la complejidad del tema, casi nunca responden a una duda persistente: como ciudadanos, ¿qué podemos hacer ante esta situación?
Si la pregunta se formula es porque el Estado incumple con su responsabilidad –garantizar seguridad–, y porque cruzar los brazos ante la creciente criminalidad para muchos no es opción.
Para responder no hay que hallar el ‘hilo negro’, sino revisar experiencias en México y el mundo. Así, desde México Evalúa y el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), procuramos formular medidas que pudieran ser útiles para atender la extorsión y cobro de piso en una ciudad particularmente victimizada: Tijuana. No partimos de cero; revisamos lo que ayudó o estorbó en el pasado, cuando comerciantes y empresarios de la ciudad fronteriza, y de otras latitudes, se decidieron a hacer algo. Revisemos tres de los obstáculos que suelen socavan la efectividad de las iniciativas por parte de actores no estatales en pro de la seguridad local.
Primero, en general se dice que las soluciones ciudadanas son más efectivas, porque quienes viven el problema saben mejor cómo atajarlo, pero esto es sólo parcialmente cierto. Como ejemplo están las iniciativas que surgen de impulsos punitivistas o de lo que llamamos el ‘complejo del héroe’, una postura recurrente en el discurso del sector: “No podemos agachar la cabeza ante el delincuente, hay que defender lo propio a cualquier costo”.
Este discurso invalida el temor justificado frente a la amenaza criminal; no ofrece soluciones claras, ni toma en cuenta posibles reacciones de los grupos delictivos. Por otro lado, las posturas confrontativas pueden justificar excesos de autoridad, bajo la idea que la ‘mano dura’ es un mal necesario. Incluso, se podría asumir que el Estado es reemplazable, dejando en manos de particulares lo que debería ser del terreno de lo público. En todo caso, se consigue una ‘seguridad’ temporal y en detrimento de la democracia.
Otro obstáculo es la apatía o hartazgo social para lidiar colectivamente con la inseguridad, fruto de múltiples intentos de solución, poco efectivos. Existen entusiasmos iniciales, pero los proyectos se detienen por recursos insuficientes, porque los objetivos superan sus alcances o por represalias criminales. Ante estos escenarios, poner al centro la sostenibilidad del proyecto es clave para evitar el desgaste ciudadano y el bloqueo de futuras iniciativas.
El tercer desafío es lograr que comerciantes y empresarios accedan a financiar nuevos proyectos para promover la seguridad pública. Dado que ya pagan impuestos y gastan cotidianamente en seguridad privada –algunos, además, se ven obligados a pagar a grupos criminales bajo el esquema extorsión-protección–, destinar recursos a otro proyecto se percibe como un ‘triple impuesto’. Por ello, cualquier iniciativa que les convoque debe presentar estos costos como una inversión en estrategias deseables.
Por fortuna, estos obstáculos pueden superarse. Nuestra investigación Herramientas para lidiar con la extorsión y cobro de piso en Tijuana propone medidas para el corto plazo que buscan fortalecer la organización del gremio empresarial para atender este tipo de inseguridad, sin pretender que las víctimas enfrenten solas a la criminalidad, ni que el Estado sea desplazado.
Más cohesión en el sector e inversiones estratégicas permitirían desplegar acciones apropiadas para atender el problema: medidas más proactivas que reactivas; graduales, pero sostenibles; ciudadanas, pero democráticas; que comienzan en las manos del sector privado, pero que fortalecen al Estado.
Investigadores asociados en el Proyecto Extorsión Empresarial y Seguridad en Tijuana, para México Evalúa y CIPE. Proyecto coordinado por María Teresa Martínez Trujillo, profesora-investigadora en el Tecnológico de Monterrey.
