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Organismos empresariales cuestionaron la legalidad del memorándum presidencial que deja sin efecto la reforma educativa alcanzada en el Pacto por México.
Anoche, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) señaló que la medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es “un acto a todas luces anticonstitucional, antidemocrático y atenta contra la división de poderes”.
El presidente nacional de esa cámara, Enoch Castellanos, dijo que “no podemos renunciar al Estado de derecho porque es la base del desarrollo y recordó la frase del Ejecutivo: ‘Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie’”.
A su vez, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) arremetió contra la decisión del Presidente para no aplicar la reforma educativa, en tanto hay acuerdos para crear una nueva reforma en el sector educativo nacional.
El líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, advirtió que con esta acción del Ejecutivo hay una “abrogación ilegítima y violación sistemática de la ley, violentan el Estado de derecho”.
En un comunicado, la organización patronal puso énfasis en que la Constitución obliga a que los actos de autoridad estén fundados y motivados, que se refieran a un artículo y numeral, a las facultades específicas a partir de las cuales se establece un mandato.
“El memorándum del Presidente carece de este sustento legal y, por lo tanto, es cuestionable su efecto”, indicó. La Coparmex llamó a “que se actúe con apego a la ley” y señaló: “Es lamentable que por presiones de un sector del sindicato se haya dejado a un lado el interés de la sociedad para mejorar su sistema educativo y brindar oportunidades de movilidad social y desarrollo a la población”.
Hizo notar que en los últimos meses tanto la SEP como los diputados y diferentes actores sociales sostuvieron una amplia discusión en torno a la reforma, y se habían logrado mejoras sustanciales, logrando un dictamen equilibrado que armonizaba la iniciativa del Presidente con las recomendaciones de expertos y representantes de la sociedad, incluidos los grupos sindicales.
“En el dictamen se reconocen cuatro derechos profesionales clave: el derecho a la formación, capacitación y actualización de los maestros, retroalimentado con evaluaciones diagnósticas; el de ser admitidos a la carrera magisterial sobre la que tiene rectoría el gobierno federal a través de procesos imparciales; el de lograr promociones a través de mecanismos públicos, imparciales y de igual oportunidad, y que los reconocimientos tengan esas mismas características de imparcialidad y mérito objetivo”.
