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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 98VG/2023 a diversas autoridades, en la que se acreditan 814 víctimas de la violencia política de Estado durante el periodo de 1965 a 1990, conocido como la Guerra Sucia.
Entre las autoridades se cuentan la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Asimismo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob y la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La CNDH informó que tras 20 meses de investigación acreditó una estrategia desplegada de manera sistemática por el Estado, mediante la cual se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en contra de cientos de militantes y simpatizantes de la izquierda, seguida por otra estrategia de ocultamiento y complicidad para aplazar la justicia. Según testimonios de víctimas y documentos tanto públicos como privados, la investigación que incluyó la revisión de archivos oficiales y de la propia comisión permitió fundamentar y acreditar las violaciones a los derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal.
Reparación de daño
Otros de los abusos fueron al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, en agravio de 814 víctimas.
Por lo anterior, la CNDH solicitó a la Segob, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEH), Sedena y FGR efectuar un reconocimiento de responsabilidad. También una disculpa pública del Estado por las violaciones a los derechos humanos, preservar los sitios de memoria y crear un Memorial.
Indicó que la CEAV deberá emitir un plan de reparación integral colectivo en favor de los afectados, otorgándoles atención médica integral, sicológica y siquiátrica.
La Segob tendrá que realizar acciones tendientes a la recuperación del tejido social, además, fomentar la democracia participativa y optimizar la gestión documental de las administraciones presidenciales citadas.
A la Subsecretaría de Derechos Humanos le pidió fijar mecanismos para la investigación de los casos pendientes e incorporar los hechos, víctimas y perpetradores señalados a las políticas de memoria.
El Centro Nacional de Inteligencia deberá transferir íntegramente los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y del Cisen al Archivo General de la Nación, el cual, por su parte, deberá optimizar la conservación, gestión documental y administración de los fondos presidenciales citados y hacer públicos y accesibles en su página web los instrumentos de consulta.
En tanto, a la Sedena le solicitó coadyuvar con las denuncias que se presenten por violaciones graves a los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad; a la FGR, continuar con la integración de las averiguaciones previas o iniciar una investigación de los hechos cometidos, y hacer públicos los fondos documentales generados por la Policía Judicial Federal.
Destacó que, a la fecha de la presentación de esta recomendación, un importante número de víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en este periodo han fallecido; sin embargo, el organismo consideró oportuno pronunciarse por todos los afectados.
“Si bien el número asciende a 814, no son todas, y con la publicación de la recomendación no concluye el proceso de identificación y acreditación de víctimas, por lo que está previsto incorporarlas, conforme se integren y documenten suficientemente sus quejas, dentro del expediente de acumulados, abierto”, refirió la CNDH.
Enfatizó que en el caso de las personas que vivieron de forma directa la violencia ejercida por el Estado, se observó que las consecuencias no sólo fueron físicas con las cicatrices de las torturas.
A través de testimonios se constató que hubo daño físico irreparable, pues a pesar de que las víctimas se sometieron a cirugías o tratamientos quedaron discapacitadas y con secuelas sicológicas. Remarcó que están a la espera de la aceptación de la medida por las autoridades, para iniciar el proceso de seguimiento y cumplimiento.
