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Por un año, el Centro de Salud de Santa Cruz Cuauhtenco, en el Estado de México, se convirtió en el hogar de Karen Arteaga, egresada de la carrera de Medicina que decidió realizar su servicio social en una comunidad rural que necesitaba atención médica. Sin embargo, de un día para otro, pasó de ser estudiante a directora de una clínica.
Era el año 2015 y la beca que recibía por su servicio social era de mil 500 pesos, con esta cantidad cubría la renta de 850 pesos por un cuarto y una parte de sus pasajes. Ya que Santa Cruz es una zona considerada insegura, vecinos y compañeros le aconsejaron rentar en un poblado ubicado a una hora; los alimentos y servicios eran costeados con ayuda de su familia.
Ser testigo de las carencias del pequeño hospital de Santa Cruz motivó a Karen a especializarse en Salud Pública. Ahora, como jefa de Residentes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), sueña con lograr un verdadero cambio en el sistema de salud y que exista equidad en la atención de todos los mexicanos. Es por ese fin que lamenta que la austeridad republicana aseste golpes al sector.
“En la clínica sólo estaba yo, como médico general, una enfermera y dos técnicos en atención primaria que se encargaban de salir a vacunar. En un día atendía más de 35 consultas y también me encargaba del área administrativa. Quizá uno es pasante, pero ya estudiamos la carrera y nos capacitamos para brindar atención. Esos mil 500 pesos o los 800 o 3 mil 600 que dan ahora son un apoyo, y es una pena que se reduzcan a la mitad”, comenta.
Karen coincide con la subsecretaria Asa Cristina Laurell en que los centros de salud no deberían ser atendidos por pasantes, pero afirmó que hasta el momento nadie ha hecho nada por corregirlo.
“Lo ideal sería que en cada hospital o clínica hubiera personal de base con la experiencia suficiente para estar a cargo, pero, en la realidad, [eso] no pasa. Por eso, cuando las autoridades de salud llegan a las zonas rurales se dan cuenta de que estos centros de salud son encabezados por jóvenes que aún no están titulados, no significa que no sepan, pero sí sería bueno que existiera alguien que los guiara”, expresó.
Para Víctor Alfonso Reyes, residente en el Hospital General de México Eduardo Liceaga, el principal problema en la reducción de becas es no saber a dónde se destinarán los recursos ahorrados y que los profesionales de la salud no sean tomados en cuenta.
“Lo malo, desde mi punto de vista, es que se tomen esas decisiones a rajatabla, con un oficio nos informan, nos dicen que se recortará aquí, allá y a partir de equis fecha, no nos piden opinión y mucho menos nos dicen a dónde se irá ese dinero que se está ahorrando”, señala.
Al igual que Karen, él realizó su servicio social en una comunidad rural del Estado de México, por lo que considera que de haber un ajuste en los montos de las becas, éste debería aumentar y no lo contrario.
“Sabemos que es un servicio social y, como tal, es una forma de retribuir a la sociedad por lo que aprendimos, regresar esos conocimientos a partir de la práctica, pero para los que se van a una zona vulnerable, marginada y con mucha gente que necesita la atención, esas becas son de gran ayuda, no es un sueldo, es un apoyo y en lugar de quitar la mitad, deberían doblar la cantidad, en caso de que hagan efectivo ese oficio que se envió desde la Secretaría de Salud”, finaliza.
