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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación ante la aprobación de la reforma judicial en México, por la forma precipitada de su aprobación, para la elección de jueces y magistrados. Así como el planteamiento de jueces sin rostro.
El organismo advirtió sobre los posibles impactos en el acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
Llamó la atención de la CIDH lo precipitado que tuvieron las modificaciones, ya que podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial.
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“Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”, destacó el organismo internacional.
Asimismo, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país.
La Comisión Interamericana compartió que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros.
La CIDH recalcó que una reforma constitucional como la que proponen, debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado, participativo, que active de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana.
“Ello, con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos. En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas”, afirmó la CIDH.
La Comisión Interamericana reiteró que conoce la inclusión en la reforma constitucional de medidas de preservación de la identidad de personas juzgadoras en casos relacionados con delincuencia organizada, denominado por el sistema interamericano como "jueces sin rostro", cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano.
Del mismo modo, compartió el organismo su inquietud por el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría comprometer su independencia, así como sobre la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario.
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