México se comprometió ante Naciones Unidas a seguir fortaleciendo la cooperación y robustecer las acciones del Estado en la prevención y atención de las violaciones a los derechos humanos que representan las desapariciones de personas.
Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó la conclusión del segundo diálogo constructivo del Estado mexicano con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), en el que México resaltó avances.
Mencionó que mediante “un intercambio franco y respetuoso”, se abordaron medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a las observaciones del comité, luego de su visita al país en noviembre de 2021.
El ejercicio se centró en los temas relativos a la política nacional de prevención y erradicación de desapariciones forzadas; fortalecimiento de las capacidades de búsqueda; investigación y justicia; coordinación efectiva, e identificación y entrega de restos de personas fallecidas.
“Las instituciones mexicanas expusieron los avances legislativos, de política pública y de fortalecimiento institucional, tales como el robustecimiento de las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones locales; la reforma a la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, en la que se fortalecieron las funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda; la publicación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, así como de varios centros a nivel estatal”, señaló la dependencia federal.
Agregó que México continuará con la atención a las recomendaciones del CED, en el marco del mecanismo interinstitucional de seguimiento establecido para ese fin en 2022, y en el cual participan dependencias de la Administración Pública federal, autoridades estatales y organismos autónomos federales y estatales, así como el Poder Judicial.
“El Estado mexicano reitera su política de apertura al escrutinio internacional y de colaboración con los mecanismos internacionales de derechos humanos, lo cual contribuye a la protección y promoción de los derechos humanos de la población, y a su vez fortalece el sistema internacional de derechos humanos”, expuso la Cancillería.
