, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte , afirmó que apelará la para ser juzgada por un supuesto desvío de recursos en el DIF de la entidad.

“Les agradezco su tiempo e interés. Hoy el honorable Juez Goldspring decidió conceder mi extradición del Reino Unido a México, a partir de declaraciones falsas que algunos servidores públicos de la Fiscalía veracruzana, que vienen desde tiempos de Yunes, presentaron en las cortes inglesas. Eso no significa que vaya a ser llevada a México ni mucho menos que sea culpable. Ello ya que la decisión judicial de hoy aun cuando la respeto, no la comparto. De ahí que, anuncio, será apelada por ser mi derecho y por así considerarlo mis abogados en el Reino Unido”, señaló mediante un comunicado.

“Mi intención es clara, voy a defenderme por y para mis hijos. Mientras tenga fuerzas para luchar y recursos legales por interponer, seguiré dando la batalla de mi vida”.

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Macías Tubilla afirmó que en México su defensa está por demostrar, mediante un juicio de amparo, que ya se extinguió la acción penal en su contra.

“En México el gobierno de Miguel Ángel Yunes y su equipo se encargó de armar ilegal y maliciosamente esta absurda acusación de fraude. Lo hicieron, abusando de sus cargos al grado de torturar testigos para declarar falsedades en mi contra, lo que ya está probado. Lo hicieron controlando jueces locales y dejando en claro que la Fiscalía estatal es solo un anexo de la oficina del Gobernador, sin la independencia que tan solo existe en el papel y no en la realidad. Su plan fue difundir masivamente una imagen negativa de mi persona y conseguir con ello el que se me prejuzgara injustamente como culpable”, afirmó.

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En tanto, la Fiscalía General de la República informó que Karime Macías tiene 30 días para apelar la decisión del juez que concedió su extradición, por lo que permanecerá pendiente del asunto.

La acusación contra Karime fue emitida por la Fiscalía General de Veracruz, quien afirmó que cuando ella era presidenta honoraria del DIF estatal se desviaron recursos públicos a través de contrataciones con empresas fantasma.

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