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El sistema de justicia mexicano que emanó de la reforma de 2008 es un “fiasco”, porque en los ocho años de su implementación se desviaron fondos y quedaron sin capacitar policías, agentes del Ministerio Público, así como jueces, pero para corregir este mal es inadmisible una contrarreforma, señala el vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Federico Ponce Rojas.
El abogado llama “terrorismo jurídico” a la filtración de supuestas iniciativas de una reforma en materia de justicia penal, justo cuando el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acudió al Senado a presentar un informe de su gestión y dirigió un mensaje ajeno muy distinto a algún intento de contrarreforma, refiere Ponce Rojas.
Catedrático de Derecho Penal durante 46 años, subprocurador General de la República y autor del texto Delitos federales previstos en la legis- lación mexicana, precisa en entrevista con EL UNIVERSAL que las “leyes draconianas” no sirven para atacar el problema de delito e impunidad que arrastra México, sino un sistema garantista, como el actual, con mecanismos para hacer eficaces los derechos fundamentales.
¿Hubo filtraciones de supuestas reformas de justicia?
—Ello me parece confuso y contradictorio. Hay una ausencia de congruencia y transparencia en lo que debe ser un procedimiento legislativo. Los grupos de abogados y la población, en términos generales, han visto que después de 12 años la reforma más sustanciosa, desde 1931, y la más acertada, y adecuada a un proceso garantista, es un fiasco.
Requiere de una revisión para su adecuación y para que se focalicen los defectos, por lo que no se han cumplido las expectativas de una justicia pronta, expedita, transparente, justa, adecuada a los principios de los derechos humanos.
¿La revisión del sistema penal es obligada?
—Lo que se propone desde hace mucho tiempo es una revisión, pero no una contrarreforma atentatoria de los derechos humanos en un sistema garantista, que observa tratados internacionales en la materia y ratificados en el Senado.
Todavía Ricardo Monreal (líder de Morena en el Senado) expresa el deseo de acotar la Ley de Amparo, algo más aberrante que la contrarreforma que no se ha presentado.
¿Se trataría de una regresión?
—Hemos tenido que luchar muchísimo para que ahora la presunción sea siempre de inocencia. En el Amparo, el Estado resuelve que “la justicia de la Unión ampara y protege”, a quien le reconoce el derecho frente a actos del gobierno y ante leyes inconstitucionales. Por ello, acotarlo sería una aberración terrible.
¿De lo expresado por el fiscal a los senadores, qué recupera?
—Gertz expone ideas, no iniciativas; me parece fundamental la ley cívica, el tema de reclusorios y el trato a primodelincuentes, como también que transmite un mensaje de autonomía y de reconocimiento al Senado que lo designó.
¿A corregir el sistema actual?
—El sistema está viciado desde su nacimiento (2008), cuando se gesta esta reforma profunda, y se dan ocho años para que se capacite a los involucrados en su aplicación, a la policía, a agentes del MP, a los jueces de Control, que no deben desaparecer.
¿Cuál es su papel?
—Precisamente el juez de Control fue diseñado para controlar a la Policía y al Ministerio Público (MP), cosa que en la práctica no sucede.
¿Qué hacer con esos jueces?
—Se suponía que en 2016, cuando el sistema entraba en vigor, incluidos los abogados, estaríamos debidamente preparados para entender un juicio oral y sus distintas etapas.
¿Tienen carencias?
—Los jueces de Control requieren una amplia capacitación en otras ramas del derecho, no sólo en el penal. Todo esto tiene que depurarse, que no es hablar de extinción, que cumplan la función por la que están.
En el mensaje de Gertz, ¿encuentra algo de contrarreforma?
—No, vemos más bien que pone el dedo en la llaga de los vicios que hoy padecemos.
¿Gertz plantea leyes nacionales, que uniformarían el delito y la sanción, es positivo o llamaría la atención en algo?
—En el Código Penal Nacional no estaría de acuerdo si no se consideraran las diversas entidades federativas. Para generar leyes punitivas se tienen que atender a condiciones geopolíticas y la incidencia criminal, entre otros factores.
Vemos una matazón en Guanajuato y la violencia no se ataca con ‘leyes draconianas’, sino buscando el origen, que generalmente es crimen organizado, narcotráfico y, en esas zonas, el tema del huachicol.
¿Las “iniciativas” sin autor son un juego sucio?
—Absolutamente, porque son filtraciones y eso no se vale, porque más que alertado, han inquietado a la sociedad entera.
¿Era inaceptable esa “iniciativa” sin autor?, ¿a qué le juegan los “filtradores”?
—Quisiera entender que se trata de intimidar a la sociedad con un terrorismo jurídico, ya que los programas de seguridad pública y de justicia no han dado los resultados apetecidos. Incluso, hemos visto agravios a la seguridad nacional con la custodia de fronteras.
Desconozco quién filtró esos materiales, aunque veo un interés, una desazón de quienes no quieren aceptar este tránsito importantísimo que se ha dado a las fiscalias autónomas. Quienes aspiran de manera deshonesta a estos cargos hacen un juego sucio que se ve.
¿Considera que no puede transitar una contrarreforma en el Congreso de la Unión?
—Es inadmisible que se pretenda vulnerar la presunción de inocencia, el debido proceso, que se acepten pruebas ilícitas. Hay muchos problemas de implementación y diseño normativo que pueden ser corregidos sin vulnerar los derechos más sagrados que tiene el ser humano que es la libertad.
