En el proceso de implementación de la reforma judicial hay un desaseo que está llevando al país a una profunda, histórica e inédita crisis constitucional que podría frenarse con leyes secundarias razonables, advierten constitucionalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio Nacional de Abogados y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirma que la falta de cálculos y los errores, como la contradicción entre los artículos 94 y 97 de la reforma judicial referentes a la duración de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), generan una crisis que debe resolverse con otra reforma.
Sin embargo, el académico recuerda que la Constitución establece claramente que no se pueden cambiar las reglas electorales 90 días antes de que inicie un proceso electoral, y el relacionado para elegir a ministros, magistrados y jueces ya está en marcha.
“Ya se ha iniciado y yo vi que se acaban de presentar iniciativas para leyes secundarias para regular la elección, o sea, hay un desaseo sobre lo que debe de ser la vida constitucional de un país y sobre todo para procesar una reforma que a todas las luces va a cambiar el rostro de la vida democrática del país, y que deberá de manejarse con todo cuidado”, alerta.
Contreras Bustamante considera que la situación derivada de la mala redacción de los artículos 94 y 97 puede ser una oportunidad para diseñar leyes secundarias y un proceso de implementación más razonado.
“No puede caer la Constitución con estas imprecisiones. Es una oportunidad para hacer bien las cosas, porque la verdad es que es una reforma trascendente en la vida política del país y de alguna manera tiene tantas debilidades y tiene tantos puntos criticables. No sé cómo se procesó la reforma misma y yo creo que de alguna manera debería de aprovecharse para que el gobierno que está iniciando lo haga con el pie derecho”, expuso.
Por su parte, Javier Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comenta que se requieren leyes secundarias, pero que limiten los efectos más negativos de la reforma al Poder Judicial, independientemente de que se presenten las impugnaciones.
“Se pueden seguir tramitando las impugnaciones; si la Suprema Corte eventualmente se pronuncia se tendrá que acatar esa decisión.
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“Racionalmente, en un escenario donde la Corte no invalide eso podría ocurrir, y las leyes secundarias van a ser muy importantes, el problema es que la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa leyes secundarias muy limitadas y deficientes”, refiere.
El abogado y politólogo enfatiza que se necesitan mejores leyes secundarias que limiten el impacto negativo de la reforma.
Califica el pronunciamiento de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados como sincero, al llamar a los poderes políticos y autoridades a resolver cualquier conflicto en estricto apego a la Constitución.
“En el sentido que dicen algo que debería de ser evidente para cualquier autoridad, pero que en estos momentos no lo está haciendo y es el hecho que estamos muy cerca de una crisis constitucional, derivado de la irresponsabilidad de los actores políticos y por no acatar resoluciones judiciales se ha dictado un importante número de suspensiones”, dijo.
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En tanto, Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México, A.C., refiere que desde el 15 de septiembre cuando se publicó la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación inició un proceso de irregularidades, lleno de inconsistencias, desacatos, arbitrariedades y actos autoritarios violatorios de la Constitución por parte del partido en el gobierno, al implementar la reforma judicial.
“Estamos inmersos en una profunda, histórica e inédita crisis constitucional que están generando Morena y sus aliados en el Congreso. Que la propia titular del Ejecutivo federal, la Presidenta, está dando continuidad a un control absoluto, un control indiscutible por parte del Ejecutivo hacia el Poder Judicial, donde le permitirá no sólo proponer, sino prácticamente controlar los nombramientos”.
Indica que en las leyes secundarias hay un error terrible porque no revisaron el artículo 94 y 97 de esta reforma, donde el primero habla de dos años que durará la presidencia de la Suprema Corte y el 97 señala cuatro años.
“Una grave contradicción, un terrible error de técnica legislativa, una muestra clara de que esta reforma no la leyeron, no la analizaron y no la revisaron. Simplemente, sin revisar ni leer una coma, así la aprobaron, porque era la instrucción directa de Andrés Manuel López Obrador”, asevera.
Añade: “Esto tiene que ser modificado; sin embargo, los tiempos para la implementación de la reforma constitucional ya no les dan porque ya inició el proceso electoral en el INE”.
