Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, la directora nacional de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito d del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes Velázquez dijo que la democracia muere en la oscuridad, y el primer paso hacia esa oscuridad es el control de la justicia derivado de la reforma judicial, que comprende la votación popular de jueces y magistrados, entre otras acciones.
Agregó que la reforma justifica una purga masiva de juzgadores bajo un argumento de corrupción generalizada, que no ha sido respaldada ni por pruebas, denuncias y destituye a los mil 800 titulares federales a través de un proceso de insaculación (tómbola), la mitad en 2025 y los restantes en 2027, violando su garantía de permanencia en el cargo.
La jueza resaltó que la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes, se trastoca el equilibrio de poderes y con ello, los derechos fundamentales de todas las personas.
Recordó que desde hace seis años han enfrentado ataques sistemáticos del Estado y del partido oficial y esta narrativa se materializó en la reforma constitucional que atenta contra la independencia judicial.
“Las principales preocupaciones en torno a esta reforma, son: Destitución masiva de personas juzgadoras; cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular; creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, y regresividad de derechos laborales”, expresó Fuentes Velázquez.
En su intervención, Andrea Pochak, relatora para México de la CIDH, dijo que no es casual que este debate de la reforma judicial se haya atraído a este estrado, que tantas veces la comisión, el sistema interamericano ha sostenido los déficits del sistema judicial en México por la demora.
También por la cantidad de presos sin condena, la tortura como método de investigación, la cooptación del crimen organizado, la impunidad de muchas víctimas de desaparición forzada, de ejecución, donde sus familiares vinieron a denunciar que siguen esperando justicia.
“Ahora que la Comisión Interamericana ha advertido en los últimos años déficit del sistema judicial que no incluye sólo al Poder Judicial, incluye a las Fiscalías, Defensorías Públicas. El sistema interamericano también ha conocido sobre las resistencias del propio Poder Judicial a recibir reformas sobre su funcionamiento.
“Hemos recibido información sobre la declaración de inconstitucionalidad de muchas leyes que promueven, por ejemplo, evitar privilegios indebidos. El sistema Interamericano es muy consciente sobre las tensiones que existen entre un objetivo legítimo que es la democratización del sistema judicial y un objetivo absolutamente indispensable que es la independencia judicial”, refirió.
Abundó que no es el único país donde existen estas tensiones el objetivo de tender la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial.
La relatora destacó que los estándares del sistema interamericano no definen un sistema específico de selección de magistrados y jueces, pero si determinan criterios básicos que deben respetarse, la meritocracia, evitar injerencias indebidas de otros poderes, es incompatible para el sistema interamericano las remociones colectivas.
“Para el sistema interamericano es necesario que las reformas se lleven adelante luego que un debate profundo garantice la participación ciudadana, para el sistema interamericano es crucial que exista acceso a la justicia cuando existe afectación de derechos y también la Comisión Interamericana ha conocido procesos similares en otros países y lecciones aprendidas.
“Hay riesgos de mayor ilegitimidad del sistema judicial frente a sistemas de elección de jueces por la elección popular, hay riesgos de mayor pérdida de confianza de poca participación ciudadana en las elecciones y de que el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias”.
En tanto Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) justificó la reforma judicial para eliminar la corrupción, el nepotismo y para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de juezas y jueces.
Sostuvo que se garantizó el método para escuchar a todas las voces a través de diálogos nacionales ya que la constitución no puede ser modificada de manera arbitraria, sin un proceso claro preciso y exhaustivo para garantizar la estabilidad y continuidad del orden constitucional en México.
“La reforma en materia de poder judicial ha sido una de las iniciativas más analizadas y debatidas en la democracia mexicana, como resultado en los foros de diálogo y por la importancia de las opiniones recogidas, el dictamen propuesto incorporó más de 100 modificaciones al proyecto original”, refirió.
El director general de consulta y estudios constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, José Antonio Montero Solana, manifestó que la reforma es un gran paso en la democratización de uno de los poderes públicos.
“Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes
“Han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales, federales y de los estados”, puntualizó.
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