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La jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida este viernes por la Guardia Nacional, cuenta con una suspensión provisional que impedía que fuera arrestada.
El 9 de junio, la titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Veracruz, Daniela María León Linarte, concedió a la jueza la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión girada por jueces del Décimo Primer Distrito Judicial de la entidad.
En su resolución, León Linarte precisó que la suspensión definitiva es para efectos de que Sánchez Hernández no fuera detenida por delitos que no impliquen la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional o el Código de Procedimientos Penales aplicable nacional o estatal o de aquellos calificados como graves.
“Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa o que conforme al sistema inquisitivo permitieran el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida materialmente o presentada ante la autoridad que los reclame”, señaló la jueza.
Lo anterior, subrayó, sin que la suspensión concedida implique que el imputado no deba acudir ante el juez de la causa, pues la medida suspensiva únicamente constriñe a que no sea conducida por medio de la fuerza pública.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó que lleva la defensa de la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien, acusó, está incomunicada en la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, tras ser detenida este viernes por agentes de la Guardia Nacional.
En un video que circuló en redes sociales, se aprecia a personas no identificadas deteniendo a la jueza por la fuerza en un hotel de avenida Juárez, conduciéndola después a un vehículo sin identificación oficial.
Mediante un comunicado, el IFDP señaló que hasta el momento no se ha permitido al personal de la defensoría establecer contacto con ella, por lo que preparan un amparo contra actos prohibidos constitucionalmente.
El Instituto Federal de Defensoría Pública afirmó que sus unidades de litigio estratégico y combate a la tortura asesoran a la impartidora de justicia, quien hace unos días fue víctima de tortura sicológica por parte de autoridades veracruzanas, quienes actuaron en represalia contra la jueza Sánchez Hernández por ejercer su labor jurisdiccional.
Sobre este caso, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que no tuvo participación en la detención, sino que colaboró para su certificación.
