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Un juez de Control ordenó suspender la condena del exgobernador de Veracruz Javier Duarte hasta que se resuelva el amparo que tramitó contra su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero no saldrá libre.
El pasado 18 de julio, el juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, exigió suspender de oficio la condena de nueve años de prisión, multa por 58 mil 890 pesos y el decomiso de 41 inmuebles.
Esto no significa que el exmandatario saldrá de la cárcel, sino que su estatus jurídico por el momento es el de permanecer sujeto a prisión preventiva justificada hasta que el tribunal de amparo decida si la condena en su contra es apegada o no a derecho.
“Se advierte que Javier Duarte de Ochoa promovió un amparo directo contra los proveídos del 11, 15 y 16 de octubre de 2018, dictados en la causa penal 97/2016 del índice de este centro de justicia, siendo uno de ellos en el que se declaró firme la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2018.
“En tal virtud se ordena la suspensión de todo acto tendiente a ejecutar la sentencia pronunciada el 26 de septiembre” del año pasado, indica el acuerdo.
En consecuencia, ni la multa ni el decomiso de los inmuebles pueden hacerse efectivos aún.
La orden de Fuerte Tapia derivó de la suspensión provisional concedida a Duarte de Ochoa en el amparo directo que tramitó ante el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México, avalada por dos de sus integrantes.
“Requiérase al juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, enviándole copia certificada del escrito original de la demanda, a fin de que se pronuncie respecto a la suspensión del acto reclamado y en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente proveído, rinda su informe con justificación”.
En su demanda, el exgobernador relató que el 26 de septiembre de 2018, en el procedimiento abreviado que acordó con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), se declaró culpable de asociación delictuosa y blanqueo de capital, derivado de desvíos por mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, por lo que se le dictó sentencia condenatoria.
Contra dicha resolución tramitó un recurso de apelación, pero afirmó que sin su consentimiento se presentó un escrito, supuestamente firmado por él, para desistirse de la impugnación.
“Una vez que cobré conocimiento de que sin mi consentimiento se presentó un escrito de desistimiento al recurso de apelación, el suscrito comparecí por escrito ante la autoridad señalada como responsable, a fin de manifestarle que lo contenido en dicho ocurso de ninguna forma reflejaba mi voluntad y que incluso desconozco categóricamente la firma que calza en el escrito”, describió Duarte.
Por ello, el exgobernador busca que el Tribunal Colegiado anule los acuerdos en los que se declaró su sentencia, se le tuvo por desistido de la apelación y la resolución por la que fue condenado a nueve años de prisión.
La semana pasada, un juez federal concedió dos amparos a Moisés Mansur Cysneiros, identificado como principal colaborador de Duarte de Ochoa, al considerar que las pruebas que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra son ilícitas y ordenó devolverle un departamento en Polanco, que forma parte de los 41 inmuebles decomisados, según la sentencia del 26 de septiembre de 2018.
EL UNIVERSAL informó que fuentes allegadas al caso confirmaron que la defensa del exmandatario veracruzano analiza la posibilidad de utilizar los argumentos del juez Segundo de Distrito de Amparo, quien declaró que la información bancaria obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que la extinta PGR consiguiera una orden de aprehensión contra Mansur por delincuencia organizada y lavado de dinero, son pruebas ilícitas.
