Más Información
Un juez de amparo dejó insubsistente la vinculación a proceso contra el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, por el delito de abuso de autoridad, porque en la audiencia de imputación de abril de 2022 la Fiscalía de Combate a la Corrupción del estado no expuso ningún argumento, explicación o narración, y se limitó a leer los datos de prueba, faltando al principio de oralidad, lo que transgredió el debido proceso y el derecho de defensa del exmandatario.
Sin embargo, el titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo de la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, ordenó reponer el procedimiento, a efecto de que ante un juez diverso, la Fiscalía exponga de manera oral la acusación.
Zabalgoitia Novales concedió un amparo a Rodríguez Calderón contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada dictada en abril de 2022 por el juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, relacionado con el llamado caso Ecovía.
Es el único caso que enfrenta “El Bronco”, pues fue absuelto de la acusación por delitos electorales.
También lee Un juez federal condena al IMSS a reconocer como beneficiaria única a la madre de un extrabajador
El juez Zabalgoitia Novales determinó que al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso contra Rodríguez Calderón, en la audiencia de abril de 2022, la Fiscalía de Combate a la Corrupción “se limitó de forma esencial a leer el segmento fáctico y los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, sin exponer al juez de manera oral, no leída, las circunstancias en que debe basar la formulación de imputación y la solicitud de vinculación”.
“Es decir, la representación social no expuso algún argumento, explicación o narración con respecto a los hechos materia de debate, ya que se insiste que de manera reiterada se observaba cómo bajaba su mirada para leer algún documento que tenía preparado”.
Lo anterior señalado, indicó el juzgador, puso en evidencia que la Fiscalía faltó al principio de oralidad y en la audiencia inicial, dio lectura íntegra a las constancias conducentes.
“En tal sentido, la falta de argumentación o explicación que debió efectuar el representante social después de que indebidamente leyó los documentos en que apoyó la formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso, permite concluir desconoce los pormenores del asunto, con lo cual se demerita la efectividad de los principios de contradicción e inmediación en perjuicio de los imputados”, sentenció.
También lee Mario Maldonado.- La crisis de Pemex preocupa a Estados Unidos
Aunque reconoció que la ley permite a las partes en audiencia leer algún documento o registro para refrescar la memoria, demostrar o superar una contradicción, Zabalgoitia Novales afirmó que “también lo es que no debe llegarse al extremo de leer todos los antecedentes obrantes en la carpeta de investigación ni pensar que dicha lectura sustituye la argumentación o explicación que debe realizarse con respecto a esos antecedentes de prueba, pues se reitera, ello solamente refleja desconocimiento del caso a exponer, contrariando en todo sentido los principios del nuevo proceso penal”.
En ese sentido, consideró que se vulneró el derecho al debido proceso de Jaime Rodríguez Calderón, pues “en la audiencia inicial, al formularse la imputación como al realizarse solicitud de vinculación a proceso, se incumplió con una formalidad primordial y relevante como la oralidad a que deben sujetarse las partes en el procedimiento para lograr la efectividad de cada uno de los principios rectores de ese nuevo sistema penal”.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León ya interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo terminada de engrosar el 20 de marzo del año en curso, misma que fue remitida al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para su análisis y resolución.
También lee Gobernadores de 31 estados y el Jefe de Gobierno piden a Norma Piña mantener la prisión preventiva oficiosa
