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Entero y lúcido, el exgobernador de Puebla Mario Marín prácticamente encabezó su defensa hoy, durante la audiencia en el Juzgado Segundo de Distrito radicado en Cancún, en donde se reservó el derecho a rendir declaración sobre el delito de tortura que se le imputa, pero solicitó arraigo domiciliario por motivos de salud y prevención ante el riesgo de contraer Covid, lo que le negaron.
De viva voz, El góber precioso, quien fue asistido por dos abogados, pidió la duplicidad del término constitucional de 72 horas que establece la ley para que el juez que ve el caso, Gerardo Vázquez Morales, resuelva si le dicta el auto de libertad o de formal prisión, plazo que se vence el próximo 10 de febrero.
La audiencia duró una hora con 40 minutos, tiempo durante el cual Marín Torres —vestido con una playera polo de color amarillo—, escuchó el contenido de la causa penal 26/2018, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Derivado de una denuncia por difamación y calumnias interpuesta en su contra por el empresario Kamel Nacif El Rey de la Mezclilla, la autora del libro Los Demonios del Edén fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005 y trasladada a Puebla.
Durante el trayecto, la activista afirma haber sido acosada y amenazada con ser violada o asesinada por agentes de la Policía Judicial de aquel estado.
El 14 de febrero de 2006, una serie de grabaciones difundidas periodísticamente desnudaron la conversación entre Nacif Borge y el entonces gobernador, que confirma que se confabularon para escarmentar a Cacho.
Hoy, después de la lectura del robusto expediente, el exmandatario estatal se reservó su derecho a declarar, pero formuló diversas peticiones al juez, entre ellas, asistencia médica por un dolor en el riñón; ser sujeto de arraigo domiciliario durante el término constitucional ampliado, tomando en cuenta su edad y el temor a contraer el coronavirus, y tener acceso al expediente y una serie de documentales.
El juez concedió lo solicitado, excepto el arraigo domiciliario e instruyó que inmediatamente se atendiera la salud de Marín Torres en la cárcel, y le indicó que, si no era atendido y se garantizaba su derecho a la salud, lo comunicara vía sus abogados. Al concluir, el inculpado fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de esta ciudad.
En entrevista, Aracely Andrade Tolama, abogada de Cacho Ribeiro, celebró que el juez negara a Marín Torres el arraigo domiciliario debido a la pandemia.
“Nosotros y el Ministerio Público solicitamos al juez que no aceptara esa petición de arraigo domiciliario, ni cualquier otra medida que no fuera prisión preventiva ni durante el término constitucional ni después, porque el riesgo de Covid todo mundo lo tenemos, cualquier padecimiento de salud se le puede atender dentro de la cárcel y Mario no está aquí por su voluntad.
“Él tiene los medios políticos, económicos, materiales para sustraerse de la acción de la justicia. Él no fue presentado por voluntad y estar en arraigo domiciliario lo pone en facilidad de sustraerse de la acción de la justicia y pone en peligro a la víctima [Lydia Cacho], de manera física y sicológica”, explicó.
La periodista, señaló Andrade Tolama, se encuentra con temor y ya fue informada de los resultados de la diligencia.
La abogada se dijo sorprendida por la defensa activa de sí mismo que protagonizó Marín y aceptó que lo espera combativo en un juicio.
El abogado José Luis Ramírez Téllez, quien asiste legalmente a seis agentes ministeriales que también forman parte del caso de tortura en contra de Cacho Ribeiro, aseguró que en Quintana Roo el delito de tortura no era grave cuando se formuló la acusación.
También declaró que él había sido contratado por Marín Torres para defender a las y los nueve ministeriales involucrados en el caso, y un particular.
