El Juzgado Décimo de Distrito, con residencia en el municipio mexiquense de Naucalpan de Juárez, concedió la protección de la justicia federal a vecinos del municipio de Jilotzingo, Estado de México, contra la ejecución del proyecto inmobiliario Bosque Diamante para la construcción de 20 mil viviendas en la zona natural protegida conocida como Espíritu Santo.
Los vecinos y una asociación civil en materia ambiental, al percatarse del inicio de obras y del derribo de árboles, acudieron al amparo alegando afectación a su derecho fundamental a un medio ambiente sano y por contar con interés legítimo al ser residentes.
De acuerdo con una tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los quejosos denunciaron que la obra implicaría la tala de más de 180 mil árboles, que traería como consecuencia la destrucción de 238 hectáreas de terrenos forestales, además producir diversos impactos ambientales negativos en la región.
Señalaron que se les privaría de servicios ambientales como la captación y provisión de agua de calidad, la conservación de la biodiversidad, así como de la mitigación de los efectos del cambio climático mediante la captura y almacenamiento de carbono, la retención y formación de suelo, entre otros.
Juez ordena revocar permisos de construcción
Al resolver el amparo indirecto 68/2019, el juez René Ramos determinó que el proyecto carece de estudios de impacto ambiental por lo que ordenó revocar todos los permisos concedidos.
Entre ellos, dos licencias municipales de cambio de uso de suelo e incremento de coeficiente de densidad, una autorización federal de impacto ambiental, una autorización federal de cambio de uso del suelo en terrenos forestales y, una autorización local para la construcción de un conjunto urbano.
El juzgador resaltó que proteger el derecho humano a un medio ambiente sano exige de las autoridades abstenerse de realizar actos contaminantes, así como tomar acciones positivas y deliberadas tendientes a tutelar ese derecho de manera eficaz y con miras a su plena realización.
La sentencia detalla que, desde hace años se ha considerado al municipio de Jilotzingo como un pulmón verde y una zona que aporta diversos beneficios ambientales a la región, toda vez que la mayor parte de su territorio está catalogada como área natural protegida.
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El juez concluyó que las autoridades responsables de todos los niveles no adoptaron las medidas necesarias y posibles para evitar y controlar la deforestación de los bosques del lugar.
También solicitó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, instruir a las dependencias competentes a su cargo, emitir un programa de manejo para la zona de conservación ambiental Espíritu Santo", para que defina acciones prioritarias de corto, mediano y largo plazo que preserven y conserven la biodiversidad, además de que controlen el uso y aprovechamiento sostenible del ecosistema.
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La sentencia refiere que, en caso de que se conceda una nueva autorización, la delegación Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá pronunciarse en torno a los impactos ambientales, así como a la viabilidad o no de la realización de la obra, tomando en cuenta las características y normativa aplicable.
En cuyo caso deberá instruir el despliegue de medidas específicas de prevención o mitigación tendientes a evitar, revertir o paliar los eventuales daños al medio ambiente que las obras que autorice puedan causar.
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