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Un juez federal concedió una suspensión definitiva en contra de la autorización de impacto ambiental que había emitido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a favor del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.
El Juez Décimo de Distrito, con sede en el Estado de México, concedió la suspensión al considerar que la Semarnat reconoce en su propio estudio los daños y afectaciones que causaría el aeropuerto.
El documento señala que para realizar la obra aeroportuaria es necesaria la tala y poda de la vegetación, desplazamiento y reubicación de flora y fauna, inhibición en la filtración hídrica y, por ende, la disminución de captación de agua, aumento de contaminación atmosférica debido al tránsito de vehículos aunado a la falta de infraestructura vial, y daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno.
Con esta nueva resolución, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía vuelve a la congeladora, pues prohíbe la ejecución de la autorización de impacto ambiental que es necesaria para avanzar en la obra.
En los próximos días el juez tendrá que evaluar si el documento de la Semarnat cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano, para posteriormente emitir su sentencia definitiva en el juicio de amparo.
La suspensión definitiva del juez del Estado de México se dio luego de que la semana pasada el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito concedió una suspensión provisional contra la autorización de impacto ambiental.
Estos recursos legales han sido promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, que también interpuso más de 100 juicios de amparo en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y su sustitución por Santa Lucía.
Los juicios de amparo han sido interpuestos bajo el argumento de que el megaproyecto tendrá repercusiones irreversibles en materia ambiental, cultural y arqueológica, entre otras.
“#NoMásDerroches continuará impulsando acciones legales en contra de cualquier proyecto que conlleve un potencial quebranto al marco jurídico, el desperdicio de recursos públicos, riesgos a la seguridad y medio ambiente y violaciones a los derechos humanos”, señaló el colectivo al darse a conocer la resolución del juez.
Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (Comexdh), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y México Unido contra la Delincuencia (MUCD) forman parte del colectivo que se ha opuesto a la construcción de Santa Lucía.
